No habían transcurrido ni siquiera dos meses desde que un “apagón” paralizó prácticamente a todo el País durante algunas horas, el pasado 28 de diciembre, cuando ayer nuevamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a dejar sin energía eléctrica a millones de sus usuarios en el norte del País.

La explicación oficial es que el clima gélido que afecta a Estados Unidos derivó en la suspensión del suministro de gas natural con el que operan algunas plantas generadoras de energía en nuestro País y ello obligó a detenerlas, lo cual provocó ulteriormente el apagón.

Recordar el incidente del 28 de diciembre pasado es obligado porque en esa ocasión el Gobierno de la República aseguró que aquel había sido un incidente aislado que no volvería a ocurrir. De dicha promesa se entiende que la CFE habría de mejorar sus estrategias a fin de estar preparada ante cualquier contingencia.

No faltará quien argumente al respecto señalando que lo ocurrido ayer era imprevisible y que no puede exigirse de las instituciones públicas que operen con normalidad en condiciones atípicas.

Frente a tal argumento habría que decir que garantizar el suministro eléctrico en condiciones normales es algo que damos por sentado y que lo relevante y meritorio, en todo caso, es demostrar la capacidad de reaccionar ante eventos como el de la onda gélida de estos días.

También es necesario decir que eso fue justamente lo que se ofreció: estar a la altura de cualquier contingencia y responder ante ésta sosteniendo el suministro de la energía a todos los clientes.

Hacer énfasis en estos señalamientos es imprescindible, además, porque la parte más bizarra de esta historia la constituye el “debate” público escenificado ayer entre la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) culpándose mutuamente de no haber “dado aviso” a tiempo de los cortes de energía que podrían ocurrir.

Lo que la disputa parece evidenciar es que las instituciones públicas de México, responsables de administrar y vigilar el sistema de producción y distribución de energía eléctrica, no tienen la mejor coordinación entre sí, aunque en el peor de los casos estaría evidenciando el ocultamiento deliberado de información relevante a la población.

Cualquiera que sea la explicación, sin embargo, lo cierto es que la deficiente actuación de dichas instituciones ha provocado pérdidas multimillonarias al sector privado, particularmente al industrial, pues las fábricas debieron parar ayer –algunas hasta por dos turnos– sin tener ninguna certeza del momento en el cual podrían reanudar sus labores.

Nadie quiere entregarse en brazos del pesimismo, pero lo que estamos viendo es algo que ya no constituye una casualidad, pues llevamos dos apagones de proporciones mayúsculas en menos de dos meses. Parecería advertencia suficiente para que el Gobierno de la República y sus empresas hagan un alto en el camino y consideren con seriedad la necesidad de rectificar sus planes de acción y sus estrategias de mediano plazo.