Un día después de ventilarse las empresas fantasma que recibieron millones de pesos del Gobierno de Coahuila, el periódico Reforma publicó una nota interesante que pasó prácticamente desapercibida: en 2015 la administración estatal pagó 14 millones 607 mil pesos a una empresa inexistente para difundir supuesta publicidad en tres páginas de internet, también inexistentes.

“Inventa blog para saquear Coahuila”, tituló la noticia en su día Reforma (27 septiembre 2016).

Por diversas circunstancias, el asunto no penetró en la agenda pública y se olvidó con el tiempo. Cuestionado al respecto, el titular de la Unidad de Comunicación Social y responsable del tema, José Vega Bautista, defendió a la empresa inexistente manifestando que “sí estuvieron trabajando” (VANGUARDIA, 28 septiembre 2016) aunque “no tuvieron el rendimiento que esperábamos”. “Fueron unos meses, ya rompimos contrato con ellos”, excusó. Y “tan-tan”, como argumenta Rubén Moreira.
Como casi siempre, el caso fue sepultado sin consecuencias legales.

Sin embargo, el negocio es más profundo de lo que originalmente se informó. Los casi 15 millones de pesos –que al tipo de cambio en 2015 equivalen a un millón de dólares– invertidos en banners publicitarios fueron entregados a Julián Armando Mortera Cavazos y José Julián Pérez Orozco, como consta en un convenio trimestral de servicios (sin digitalizar, sin firmas y sin número de folio para su identificación) con fecha 1 de enero de 2015 y vigencia al 31 de marzo del mismo año, en poder de quien esto escribe.

Ambos personajes, en realidad, son agentes financieros neoleoneses que a través de la empresa Montrust se ostentan públicamente como proveedores de soluciones profesionales para “deslocalizar” capitales “offshore”, como le llaman técnicamente. Dicho de otra forma: esconder dinero en paraísos fiscales.

Así, mientras en Coahuila facturaban a nombre de Centro de Especialidades Corporativas S.C., sociedad mercantil que, dicho sea de paso, materialmente no se localiza en el domicilio legal registrado en Monterrey como documentó Reforma, en Texas constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, denominada Montrust Group LLC, la cual fue inscrita en una oficina de San Antonio el 31 de marzo de 2015. Casualmente, el último día de la relación laboral con el Gobierno de Coahuila.

Los pasos de los pesos, dirían en el argot periodístico.

El dominio de su página web, ustaxcorp.com, está registrado a nombre de Centro de Especialidades Corporativas S.C. pero con otro domicilio, en San Nicolás de los Garza, que tampoco corresponde físicamente con un giro de “asesorías en áreas contables, legales y de mercadotecnia”, como hicieron pasar en Coahuila.

El vínculo cierra el círculo

Por si fuera poco, el derecho a tramitar negocios en Texas de Montrust Group LLC mantenía el estatus de “perdido” a finales de octubre de 2016, y actualmente la sociedad fue congelada por la Contraloría (Texas Comptroller of Public Accounts). Para restablecerla, exige la liquidación de impuestos.

Aquí en Coahuila y allá en Texas, por tanto, el negocio reúne todos los elementos de una simple fachada, de una mera pantalla. La trama se explica en forma de muñecas rusas: cada pieza contiene a otra más pequeña en su interior, en una secuencia que tiene por objetivo final perderle la pista. Y “deslocalizar” el dinero, por supuesto.

Cortita y al pie

En descargo de lo anterior, la Unidad de Comunicación Social podrá justificar el negocio con la existencia de un RFC y la inscripción en el padrón de proveedores, lo cual de nada sirve. Basta recordar lo sucedido en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte. Que un funcionario lo niegue todo es una obviedad que tampoco debería significar algo. Ejemplos hay miles.

¿No le resulta extraño, por ejemplo, que Vega Bautista usó un poder notarial extendido apenas dos días antes de celebrar el contrato de adjudicación directa (el 30 de diciembre de 2014) en Saltillo, o que al no haber licitación, nadie puede ofertar ni competir ni conocer los detalles del negocio?

La última y nos vamos

Vamos al grano: ¿en qué isla del Caribe terminó ese millón de dólares?, ¿se trata de un caso aislado, o de una práctica sistemática en el Gobierno de Coahuila?

Dependiendo de lo que suceda el 4 de junio podremos saberlo. O no.

@luiscarlosplata 
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