Ahora que la liebre saltó por Texas, viene a cuento una anécdota relevante para Coahuila desde un punto de vista político, judicial y particularmente histórico. Me explico.

En días pasados la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a tres solicitudes de información elaboradas por quien esto escribe, vinculadas con el encarcelamiento de Humberto Moreira Valdés en Madrid, ocurrido en enero de 2016.

La primera observación es obvia: ¿por qué tardó medio año para dar una respuesta?

Sencillo: porque pueden.

Lo interesante del asunto, en resumen, es que publicar los pormenores de la detención del exgobernador “puede ocasionar un daño presente”, un “daño probable” y un “daño específico” a la “relación bilateral de México y España”, de acuerdo con el oficio CI-52716 de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior.

¿Tanto así? 

Tanto así. Como si la difusión fuese más perjudicial que los hechos, ciertos o no.

¿Y no será, más bien, que quien dañó ésa relación fue Moreira directamente?

“Las autoridades de España (en este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el Juzgado de Instrucción No. 5 de la Audiencia Nacional), no autorizan a proporcionar al solicitante (es decir, a quien esto escribe) los documentos requeridos”, afirma la cancillería del Gobierno Federal. Por tanto, clasificó como “reservadas” sus comunicaciones con las instituciones del Estado Español relacionadas con el caso Humberto por un periodo de 6 años, bajo un criterio legal que genera suspicacias.

Específicamente “la eventual publicación afectaría la colaboración del Gobierno de España en los casos de asistencia consular a mexicanos en ese País”.

Ahora bien, según el oficio CI-51916, generado por la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, la Embajada de México en España fue quien visitó al saltillense en la prisión de Soto del Real el 18 de enero. La montaña fue a Mahoma, pues, contraviniendo el orden lógico de la atención consular.

“Durante dicha visita el connacional solicitó verbalmente que la Embajada estuviera pendiente de su situación y pidió se contactara a su abogado”, explican.

Eso significa que no hubo comunicación escrita, a juzgar por el documento referido. Todo verbal, para no dejar huella. Una vez más, transgrediendo los protocolos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Cabe señalar que la entrevista con Humberto se realizó de manera oral y, por si fuera poco, tiene otro candado: se considera “información confidencial” conforme al oficio CI-54916.

Cualquier intento por obtener copias de lo declarado por el saltillense, o de lo actuado por los funcionarios consulares de la Embajada de México en España (Roberta Lajous Vargas, Embajadora; Bernardo Córdova Tello, Cónsul en Madrid; y León Rodríguez Zahar, Encargado de Negocios, quienes “proporcionaron asistencia consular” al político mexicano y a su familia como se puede comprobar con el oficio UDE-2551/2016) es declarado “inexistente”.

Cortita y al pie

Así sea por su valor histórico, la anécdota es relevante de principio a fin por una razón: se trata del primer exgobernador de Coahuila preso fuera del País tras ocho décadas de mandatarios priistas.
Es muy temprano para dejarlo en el olvido. Sobre todo si no conocimos las entrañas ni la columna vertebral del caso, independientemente del estado legal que guarda en la actualidad.

La última y nos vamos

Tenga la seguridad que no encontrará lo que acabo de relatar en el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas ni en cualquier otro recinto donde se redacta la historia oficial del Estado.

@luiscarlosplata