El documental “Presunto Culpable” conmovió a muchos mexicanos que por primera vez pudieron ver los enredos e injusticias que esconde el sistema penal mexicano. A diferencia de lo que sucede en las democracias –donde el Estado está obligado a demostrar la culpabilidad del acusado y hasta entonces reconocer su inocencia, garantiza sus derechos humanos y quienes persiguen, procuran y sancionan el delito, son autónomos y se equilibran entre sí– en México, los acusados sin influencias o palancas se ven forzados a demostrar su inocencia ante un poder monopólico en donde el juez le da la razón al Ministerio Público (MP) en más del 90 por ciento de los casos.

Cuando el poder arrebata sus garantías a los acusados, el Estado concentra un poder excesivo y los particulares acaban a merced del MP, la Policía, el Gobernador o la PGR, que pueden “fabricar” culpables, torturar, obtener confesiones a modo y muchos abusos más. Así es en nuestro país, lo afirman reconocidos organismos internacionales. Esa misma perversión, pero en sentido inverso, se manifiesta cuando los acusados son amigos del Gobernante, en cuyo caso el sistema de justicia se pone al servicio de los delincuentes. Coahuila es un gran ejemplo de ello. Esto es el resultado de lo que muchos centros de estudio, encuestadoras y organizaciones no gubernamentales señalan con un índice de impunidad que alcanza el 99 por ciento. Es decir, el 99 por ciento de los delitos no se sancionan en nuestro país. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado que encabeza Homero Ramos Gloria aprehendió recientemente al ex presidente Municipal de Allende, Sergio Lozano, por su presunta responsabilidad en la masacre que cegó muchas vidas en esa población. La “Procu” que se dice autónoma, pero que en realidad actúa por encargo y con el consentimiento del Gobernador, a quien le deben la chamba.

Conocí a Sergio Lozano cuando él era Alcalde de Allende, electo por las siglas del PAN y yo Diputado Federal. Le ganó al PRI en tiempos de Humberto Moreira, cuando nadie le ganaba al PRI y todos bailaban al son de Humberto, incluso muchos de los que ahora lo señalan. Sergio fue uno de cuatro alcaldes con quienes trabajé muy de cerca: Allende, Múzquiz, San Buenaventura y Castaños. Eran los cuatro alcaldes no priístas y me di a la tarea de luchar por presupuesto federal para sus comunidades. Los 34 alcaldes restantes no me tomaban la llamada, les tenían prohibido hablar conmigo. Interactuaban con la Federación por medio del Gobierno Estatal, desapareciendo por completo la autonomía municipal.

Como Alcalde de Allende, hablaba con Sergio, en mi papel de legislador, una o dos veces al mes. Pese al bloqueo del “moreirato” tuvimos logros importantes, como la inversión en una tratadora de aguas, pavimento, renovación de la plaza municipal etc.

Como suele suceder en muchos municipios gobernados por el PAN, el Alcalde tuvo enfrentamientos con el Cabildo y con el Comité Municipal de su partido. Escuché quejas de unos y otros: que si la personalidad y estilo del Alcalde, que si el protagonismo de su esposa, que si su cercanía con el gobernador Moreira. Que “no me ayudan y nomás estorban”. No más y no menos. Yo no tenía la solución, claro está, utilizaba solamente mis reducidas habilidades para la escucha, para que las partes se desahogaran. Nunca escuché acusaciones de mayor peso.

No me corresponde defender a Sergio Lozano, él contratará un abogado que hará su trabajo. Tampoco quiero litigar en los medios, de hacerlo así, le haría el juego al “moreirato”. No me corresponde dilucidar si es culpable o inocente. Para eso debiera estar el sistema de justicia. Me corresponde sí, como ciudadano, denunciar el hecho, uno más. Para que todos los mexicanos que lleguen a estar en la situación de Sergio, verdaderamente, gocen a plenitud sus derechos humanos.

Hoy en día el Gobierno puede acusarte, señalarte, detenerte y encarcelarte cuando quiera y como quiera. Ni siquiera está obligado a demostrar sus acusaciones. En Coahuila, quien procura justicia y quien juzga deben su chamba a quien los puso en el puesto. Quien los puso ahí actúa por instinto político, movido por la desnuda ambición de poder como único fundamento. De ello tenemos suficientes evidencias.

Sergio Lozano está detenido por no enfrentar al crimen organizado con los escasos medios de que dispone un municipio como Allende, más lo que le sume el Estado desde su palestra de poder absoluto. Tuvo dos opciones: esconderse y pedir ayuda o enfrentar al crimen organizado y ser asesinado. Todo indica que hizo lo que todos los alcaldes de Coahuila: NADA. Por algo será que el crimen organizado no es competencia de los ayuntamientos, es un delito federal. Con este argumento Rubén Moreira solía defender al Gobierno de Coahuila en esa guerra contra el crimen organizado en México.

Sergio Lozano está en prisión por ordenes de un Procurador que deja libres a los responsables del saqueo a las arcas públicas de Coahuila, de las ejecuciones en el Penal de Piedras Negras y en el Ejido Patrocinio, de los cientos de desaparecidos que dejó esa guerra y de un 99 por ciento de delitos que año con año quedan sin castigo.

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