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En política también hay violencia contra las mujeres
La violencia ejercida contra las mujeres no únicamente se ve en el hogar, en la calle o en el trabajo. Algunas han denunciado que incluso al ser candidatas a un puesto de elección popular o al competir por el mismo cargo frente a los hombres, son víctimas de rechazo o les asignan menos presupuesto para realizar una campaña electoral.
De acuerdo con Luz Elena Morales Núñez, titular de la Secretaría de las Mujeres, la violencia también se traslada a otros espacios a donde pocas veces es visible, por ello, la semana pasada se firmó un acuerdo para que este observatorio supervise el cumplimiento de los lineamientos de paridad que exige la Constitución en las elecciones de 2017.
La violencia política se ejerce contra alguna candidata o persona que está al frente de un puesto de elección popular o poder, que es menoscabada y es discriminada por razones o estereotipos de género, explica Morales Núñez.
También son estereotipadas por su forma de vestir, fisiología física y en lugar de visibilizar sus capacidades, se resaltan otras cosas como su estado civil o parentesco familiar, que no tienen ninguna relación con su desempeño laboral.
En el plano electoral las agresiones son más comunes de lo que se visibiliza, pues algunas candidatas son amenazadas dentro de sus mismos partidos políticos con el objetivo de beneficiar a los hombres:
“Hay registros simulados de mujeres o el de las ‘Juanitas’, donde se registraban a las mujeres y después se les obligaba para que renunciaran para poder meter a un hombre en el cargo o a su suplente. También había amenazas a las mujeres que habían sido electas, y a las candidatas les daban inequidad a los accesos de radio y televisión o a los fondos para la campaña”, recalca.
A través de la aplicación de este observatorio se pretenden identificar algunas acciones que sirvan para visibilizar una participación paritaria de las mujeres.
Por otro lado, la próxima semana estará en Coahuila la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Gobierno local estará convocando a organismos de la sociedad civil para que acudan a un foro de consulta y se recaben algunos datos que permitan al Estado Mexicano rendir su informe ante la ONU.