CDMX.-Exfuncionarios de la Procuraduría General de la República  detectaron coincidencias entre un documento firmado por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el informe enlatado que elaboró el exvisitador César Chávez que marca debilidades en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Según Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Adriana Campos, sucesora de Chávez en la Visitaduría General de la PGR, “diluyó” el documento de trabajo de su antecesor con el objetivo de dejar impunes a los responsables de esas irregularidades.

Sin embargo, exfuncionarios de la PGR encontraron que hay coincidencias entre el documento de los padres, elaborado por el Centro Prodh con fecha 1 de agosto de 2016, y el del César Chávez que está fechado a las 13 horas del 18 de agosto de 2016.

Por ejemplo, en la página 3 del documento de los padres se señala que no se resguardó la cadena de custodia durante la incursión también anómala de Tomás Zerón de Lucio, director de Agencia de Investigación Criminal (AIC), el 28 de octubre en el basurero de Cocula y en el río San Juan.

Esta misma observación la hizo Chávez en su informe: “[Se] actuó sin respetar las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia, así como omitió haber asegurado debidamente el lugar de los hallazgos”.

En otro punto del documento de los padres se indica que, a partir del reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), detectaron casos de tortura en al menos 17 implicados detenidos. Chávez, a su vez, lo asienta en el informe enlatado con “El Chereje”. En este punto, la PGR admitió que se confirmó tortura en dos personas.

Los padres de los 43 dicen que “la detención de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fue arbitraria”, además de que sin orden de aprehensión, la Marina lo retuvo sólo con orden de presentación, pero la anomalía estriba en que Zerón de Lucio lo llevó desde la Ciudad de México al basurero de Cocula.

El documento de Chávez expone en la página 5 que Zerón de Lucio “vulneró en perjuicio de Agustín García Reyessu derecho a defensa por haberlo trasladado al río San Juan, el 28 de octubre de 2014 sin contar con la presencia de su abogado”. 

En el caso de los padres se precisa que se realizaron “diligencias en un lugar criminalísticamente relevante”, mientras que en el documento enlatado por PGR se lee “[la] intervención [de Zerón] en una escena de relevancia criminalística para la averiguación previa no hizo posible que tales acusaciones quedaran registradas”.

De acuerdo con fuentes oficiales, presencia de Zerón de Lucio es irrelevante jurídicamente hablando, porque quien conducía la actuación fue Ismael Eslava en calidad de Ministerio Público, como fiscal para robo de vehículos de la SEIDO.

Sobre eso, en el texto de los padres de los 43 se recalca que Zerón “no estaba facultado para realizar diligencias”. Chávez dice: “Su categoría como servidor público no es sustantiva, sino administrativa”.

Otra coincidencia entre ambos documentos es que mientras los padres enfatizan el traslado de “El Chereje” al basurero de Cocula por una autoridad sin competencia legal para ello, el informe enlatado también hace hincapié en este tema y refuerza que en el oficio para sustraer a “El Chereje” de la SEIDO se omite para qué, cuando en realidad fue para llevarlo al basurero.

Otra anomalía que resaltan los padres de los desaparecidos es que los peritos que estuvieron en la diligencia del 28 de octubre actuaron sin apego a la ley ni llevaban equipo adecuado-

En este tema, Chávez reforzó al resolver que era necesario el inicio de responsabilidades a los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, porque cometieron irregularidades al incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia, lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales. 

ILEGALES Y ARBITARIAS
>  Ambos documentos coinciden en señalar que las actuaciones ministeriales del 28 de octubre de 2014, encabezadas por Tomás Zerón de Lucio e Ismael Eslava, fueron ilegales.