De acuerdo con la evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia que realiza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, los partidos y asociaciones políticas y la mayoría de los municipios se encuentran en la opacidad al no publicar la información que la legislación requiere.

La evaluación realizada por el órgano garante, señala que en el estado hay 19 partidos políticos registrados, los cuales están obligados a cumplir con la Ley de Transparencia. Sin embargo, del total, solamente el Partido Revolucionario Institucional se ha ocupado de publicar información en su página de transparencia, pues cuentan con el 84 por ciento.

El partido “Sí Coahuila” tiene en su página solamente el 53 por ciento de información; Nueva Alianza solamente tiene el 19.7 por ciento, el PAN sólo tiene el 10 por ciento, el PT solamente ha publicado 9 por ciento.  

El presidente del ICAI, Jesús Homero Flores, comentó que de acuerdo con el convenio que firmaron con el IEC, comenzarán a capacitar a los partidos políticos para que conozcan sus obligaciones y publiquen la información en la nueva plataforma nacional que comenzará a utilizarse el 5 de mayo.

Mientras tanto, de los 38 municipios, 21 no pasan la calificación mínima de 80 por ciento que establece el ICAI. Algunos tienen sólo 20 por ciento de cumplimiento.

Los municipios incumplidos son Abasolo, Acuña, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, Parras, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza.

Cabe recordar que los municipios de Lamadrid, Nadadores, Jiménez, Cuatrociénegas, Morelos, Progreso, Abasolo y Ocampo recibieron advertencia por parte del ICAI, quienes tuvieron que pagar una multa por no cumplir con la Ley de Transparencia.

Por otro lado, el Consejo General del ICAI llevó a cabo sesión donde resolvieron 27 recursos de revisión.

En uno de ellos, el ICAI pidió a la PGJE entregar información sobre las averiguaciones previas, actas circunstanciadas de desaparición forzada, secuestro, trata de personas y privación ilegal de la libertad. Lo anterior, luego de que un ciudadano hiciera la solicitud de información, a la que la PGJE no contestó en tiempo y forma.