El nuevo artículo 102 A. de la Constitución, señala que “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:…”.  El proceso consiste en la participación del Senado y el Presidente de la República, con objeto de garantizar autonomía al órgano fiscalizador.

El falso debate que atestiguamos durante la semana pasada tiene por telón de fondo el larguísimo artículo 102 de la Constitución y su transitorio que, por única vez, permite ocupar la Fiscalía General al actual Procurador General de la República. Los políticos nos recetaron una semana de dimes y diretes, al son de la confusión y los dichos sin fundamento tan propios de la intensa balacera mediática moderna donde son lo de menos la verdad y los hechos.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió al PRI dar marcha atrás al pase automático para que el Procurador se convirtiera en Fiscal General. Esto paralizó a la Cámara de Diputados. Es irónico que el propio Ricardo Anaya votó a favor del artículo transitorio tal y como está. El panista se opone a lo que él mismo aprobó.

Un par de semanas atrás el Presidente nacional del PRI y su líder en el Senado, sentenciaban que el PRI apoyaría el pase automático para que el Procurador pasara a ser Fiscal General. Además de militante del PRI, es Senador con licencia. Para ello votaron el artículo transitorio. Ahora  dicen que eso nunca estuvo en sus planes, que no formaba parte de su estrategia para el nuevo periodo ordinario de sesiones. ¿Qué importa que sus declaraciones aparezcan grabadas e impresas? Es lo de menos. Igual que “La Chimoltrufia”: “como digo una cosa, digo otra”.

Para rematar el embrollo, el Secretario de Gobernación, nos recordó que frente a la presión de la sociedad civil organizada, Peña Nieto envió una iniciativa para suprimir el artículo transitorio. ¿Quiso dar marcha atrás el Presidente?, ¿O quiso cumplir a la sociedad civil organizada, esperando que su gente en el Congreso congelara su iniciativa? Cosa de confundir, disimular y dispersar responsabilidades.

La cereza en el pastel la pusieron cinco senadores panistas que encontraron en el PRI el apapacho, atención y regocijo que Ricardo Anaya les niega. Ernesto Cordero resultó electo Presidente del Senado con el voto de todos partidos, y ahora Anaya amenaza con expulsarlo del partido. La amenaza queda en chantaje y, con el paso de los días, pasará lo de siempre: nada.

Y para cerrar, las organizaciones de la sociedad civil nos dicen que mejor se analice otra forma de elegir al Fiscal General. Una que reduzca el periodo de nueve a seis años y que controle aun mas el proceso de designación. Mucho riesgo dejar todo el asunto en manos de los políticos y sus partidos. Para ello se necesita otra reforma constitucional, cuya mayoría de dos terceras partes no es nada fácil de construir. 

A usted le parecerá confuso lo aquí narrado, lo es, pero la realidad supera eso y más. Estos políticos de hoy en día, guiados por su desmedida ambición, construyen puentes, alianzas y complicidades que al poco tiempo dinamitan para cambiarlos por lo que pareciera nuevos o mejores acuerdos. Añada a lo anterior la capacidad autodestructiva de los panistas: mil veces mejor la complicidad con PRI y PRD; que negociar y tender lazos consigo mismos.

¿En dónde queda el interés superior de la Nación? En el discurso y nada más, lo que está en juego son las ambiciones desmedidas de camarilla. Nos llevan entre las patas. No es nada nuevo, ha sucedido y sucede en todo el mundo y forma parte de la Historia humana. La diferencia radica en los límites que debe acatar este juego perverso. Los límites los pone un buen arbitro, una Fiscalía General independiente, autónoma y fuerte, acompañada de buenas reglas del juego y de buenos auxiliares.

No es nuestro caso, aquí quieren contentarnos con el espectáculo perverso de nuestra clase política y su rebatinga en torno al “Fiscal Carnal”, en torno al cascarón de una institución que debiera ser crucial para la construcción de nuestra democracia. Mientras perdemos el tiempo discutiendo el cascaron del nombramiento, el verdadero cambio aun aguarda. Mientras tanto las cañerías de esta institución siguen podridas y corruptas hasta el tuétano.

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