Por Itxaro Arteta para Animal Político

Con excepción de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha reunido ni ha hecho anuncios para otras víctimas de la violencia, pese a la promesa hecha tras ganar las elecciones de crear un modelo de justicia transicional y de pedir una disculpa pública a nombre del Estado mexicano desde el primer día de su gobierno.

Las mesas de trabajo que el entonces presidente electo aceptó durante el Diálogo por la Paz realizado el 14 de septiembre en Tlatelolco se desarrollaron durante los meses de la transición sólo con la participación de organizaciones de derechos humanos, víctimas y especialistas.

No ha habido respuesta a las propuestas entregadas en diciembre de 2018 e incluso los intentos de reuniones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, se pospusieron, sin fecha definida, para enero.

Un miembro del equipo de esta subsecretaría explicó a Animal Político que por procesos burocráticos y retrasos en los nombramientos dentro de la dependencia es que se ha tenido que posponer el trabajo con los colectivos, pero aseguró que aprovecharían el inicio de año para darle impulso al tema.

Sin embargo, entre los activistas hay inquietud por la falta de atención a las promesas hechas sobre la atención a las víctimas.

“Hay un retraso, por decir lo menos, en lo que está esperado que hicieran, y la preocupación crece porque parece que son otras las preocupaciones del gobierno hacia lo que ellos llaman transformación y que no está mirando a las víctimas, y por la continuidad de la política de seguridad, que es muy preocupante”, comentó en entrevista Michael Chamberlin, consultor de Open Society Justice Initiative (OSJI) y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem).

“Lo que vemos es que no ha sido prioridad para el gobierno, el tema no ha sido colocado en la agenda ni por Andrés Manuel, como esperaría que lo hubiera hecho, ni por la Secretaría de Gobernación, que es quien está a cargo de ella. Después de que los temas centrales en campaña fueron corrupción e impunidad y violencia, a los que yo sumaría el tema de víctimas, hoy desaparecieron de la discusión”, consideró también Jacobo Dayán, asesor independiente en temas de justicia transicional y derechos humanos.

Entre los Foros Escucha y los encuentros de sociedad civil

Luego de que durante la campaña presidencial y durante el periodo de transición,   López Obrador e integrantes de su equipo prometieron que elaborarían un plan de pacificación junto con las familias de las víctimas, expertos de la ONU y la intervención del Papa Francisco (lo que fue desmentido por el Vaticano), se anunció la organización de los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional, a cargo de Loretta Ortiz.

Dichos foros tuvieron un accidentado camino, desde las protestas de víctimas contra el perdón ofrecido por López Obrador cuando iniciaron, hasta la cancelación de los últimos encuentros programados, y la crítica de que no estuvieran manejados por la Secretaría de Gobernación (Segob), sino por la de Seguridad.

Tras presentar las conclusiones y al arrancar el gobierno, Ortiz fue postulada para ser nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia y confirmó a Animal Político que ella ya no estaba dando seguimiento a la implementación de los resultados de los foros, ya que todo el tema de víctimas había pasado, ahora sí, a la subsecretaría de derechos humanos de Segob.

A la par, activistas y expertos de derechos humanos empezaron a elaborar propuestas de justicia transicional, después de un segundo Diálogo por la Paz y la Justicia realizado en septiembre en Tlatelolco, con la presencia de Javier Sicilia, donde López Obrador aceptó seis mesas de trabajo conjuntas: para diseñar el modelo de justicia transicional, rediseñar el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, crear una gran comisión de la verdad, un mecanismo contra la impunidad, una vía para la reparación integral del daño y un sistema de protección a víctimas.

“El acuerdo desde septiembre fue que la agenda pasaba de Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación y que se abrían estas mesas de trabajo. Y el acuerdo era trabajarlo en conjunto, pero los tiempos a la Secretaría de Gobernación se le vinieron encima y no estuvieron. Nosotros hemos terminado el proceso, e incluso se hicieron cosas solicitadas por ellos, como una consulta mucho más amplia: arrancamos algunos académicos, algunas organizaciones, algunos expertos, y ellos solicitaron hacerlo más amplio, echar a volar los documentos por todos lados, y que quien quisiera venir a sentarse a discutirlos fuera bienvenido”, explicó Dayán.

Las últimas discusiones se realizaron con la participación de miembros de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en varios estados, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); asesores internacionales de Open Society Justice Initiative (OSJI), del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); académicos de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); e incluso expertos de talla mundial como Pablo de Greiff, exrelator de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, o Carlos Castresana, primer jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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