Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

En julio de 2018, el Estado mexicano enfrentará a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que está considerada como la carta internacional de los derechos de la mujer. El Comité del organismo evaluará las políticas implementadas por México para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

De acuerdo a la lista de cuestiones que al Comité de la CEDAW le interesa revisar y que envió ya al gobierno mexicano para discutirlas en la reunión que se realizará en sesión pública en Ginebra, Suiza, el organismo internacional llama la atención sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar y erradicar sentencias que perpetúan estereotipos y discriminación por diversas causas como sexo, raza, clase, discapacidad, entre otras.

Esto es relevante, además de la importancia del tema, porque es la primera vez que el Comité voltea a ver al poder judicial en México, especifica Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres.

La intención del Comité de CEDAW es abordar el tema de transparencia en las sentencias como algo que afecta el acceso a la justicia. En este sentido, señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 significó un retroceso en el derecho de conocer el contenido de las resoluciones judiciales emitidas por los jueces.

La LGTAIP, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redujo la obligación de los poderes judiciales de los 32 estados de la República Mexicana para difundir las sentencias emitidas, ahora solo podrán conocerse aquellas de “interés público”, aunque no se establece exactamente qué incluye ese término.

Equis Justicia para las Mujeres denunció, al dar a conocer su informe Transparencia en la Publicación de Sentencias ¿Retroceso a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?, que esta legislación daba pie a la opacidad del Poder Judicial, puesto que diariamente las personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil constatan, en sus experiencias de litigio, la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos de género, prejuicios hacia las mujeres y sesgos de las y los jueces.

Justo sobre esos temas ha llamado el Comité de CEDAW al gobierno mexicano a rendir cuentas, aunque también hará revisión sobre otros aspectos, como representación política, salud sexual y reproductiva, desapariciones e impunidad y respuesta a la violencia.

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