Los comentarios de Enric Millo, el más alto representante del gobierno en Cataluña, fueron las primeras disculpas de un funcionario del gobierno español por la violencia. El gobierno catalán dice que cientos de personas resultaron heridas luego de que la policía española intentó detener la votación atacando las urnas, golpeando a los votantes y disparando balas de goma contra las multitudes.

El rey Felipe de España no mencionó el comportamiento de la policía cuando se dirigió al país el martes por la noche.

Millo dijo en una entrevista con la TV3 de Cataluña: "Cuando vi esas imágenes -y sabiendo que la gente fue golpeada y empujada... todo lo que puedo hacer es disculparme en nombre de los agentes que intervinieron".

Dijo, sin embargo, que el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno tenían la culpa de los acontecimientos del domingo, ya que habían insistido en seguir adelante con la encuesta.

La disculpa se produjo cuando el gobierno catalán dijo que desafiaría a la corte constitucional española por ir adelante el lunes con un debate parlamentario sobre el resultado del referéndum. Podría hacer una declaración unilateral de independencia, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la región.

Las incursiones y detenciones, llevadas a cabo por la Guardia Civil española a instancias de un juez, provocaron una respuesta furiosa de los manifestantes. Dos vehículos de la Guardia Civil fueron vandalizados y la policía catalana fue acusada de no intervenir.

El primer ministro español, Mariano Rajoy, dijo el jueves que la situación sólo se intensificaría si el gobierno catalán avanzaba en la vía de una declaración unilateral.

"¿Hay una solución? Sí, hay ", declaró Rajoy a la agencia de noticias Efe. "Y el mejor sería un regreso a la legalidad y la confirmación más rápida posible de que no habrá una declaración de independencia unilateral, porque de esa manera se podría evitar aún más daño".

El gobierno de Madrid se ha negado a descartar la invocación del artículo 155 de la Constitución. El artículo, que nunca ha sido utilizado, prevé que el gobierno central tome el control de una región autónoma si "no cumple con las obligaciones que le impone la Constitución u otras leyes, o actúa de manera gravemente perjudicial para el interés general de España ".

Sin embargo, dado el aumento de las tensiones y las grandes protestas, la medida podría resultar contraproducente. Puigdemont ha dicho que disparar el artículo sería el "error final" del gobierno español.

A pesar de los intentos de las autoridades españolas de poner fin al referéndum declarado ilegal por el Gobierno y el Tribunal Constitucional, participaron 2,26 millones de los 5.3 millones de votantes registrados en Cataluña. Las cifras sugieren que la participación fue de alrededor del 43%, ya que muchos catalanes que se oponen a la independencia boicotearon la encuesta por temor a darle legitimidad.

Según el gobierno catalán, el 90% de los participantes votaron a favor de la independencia. Sin embargo, una cuenta completa de los votos ha sido complicada por el hecho de que muchas urnas fueron retiradas de las mesas electorales por la policía.

Con información de The Guardian