El 90% de los transportistas están amparados después de que El Bronco amenazó con requisarles sus empresas cuando aumentaron a la brava las tarifas. Hasta pareciera que no se han dado cuenta de que es un ardid del gobernador para presionarlos a que vendan sus empresas a los prestanombres que el director de la Agencia del Transporte les pone en bandeja.

Les platico que perdieron la primera instancia pero apelaron y actualmente está en la etapa de resolutivas el último recurso.

Como respuesta, existen demandas colectivas promovidas por el Colectivo Únete Pueblo en contra de los propietarios de las rutas que están amparadas.

El recurso de los usuarios es como protesta a que los transportistas no cumplen con el número de unidades autorizadas ni con los programas de mantenimiento, debido a que fueron retiradas más de 700 unidades pues los dueños del transporte aducen que no tienen dinero para darles mantenimiento ni para el diésel que las mueve.

El nudo se enreda más, porque debido a que los transportistas están amparados, los inspectores de la Agencia de Transporte no pueden hacer las revisiones mecánicas y eléctricas de las unidades.

Los representantes de la IP en el Consejo se abstuvieron de votar sobre el pretendido aumento de tarifas con el que amenazó El Bronco a los transportistas, lo cual es una postura en contra de los intereses de los trabajadores de las empresas agrupadas en Canaco, Caintra y Ccinlac, organismos del sector privado que tienen asientos en el Consejo.

Tanto el director de la Agencia, Noé Chávez Montemayor, como los transportistas quieren que los dirigentes de Únete Pueblo se desistan de las demandas y que confíen en ellos.

Pero no confían porque el gobierno no ha cumplido su palabra ante los transportistas de autorizar un aumento a las tarifas -las cuales están igual que hace cuatro años- y los camioneros no han atendido el compromiso contraído ante los usuarios de mejorar el servicio. Es un círculo vicioso.

Hay regidores de varios municipios que aparecen como dueños de algunas de las nuevas empresas que están haciendo ofertas a los camioneros de abolengo para quedarse con sus rutas. Los mismos transportistas de la vieja guardia admiten esto.

Son los prestanombres del Bronco mediante los cuales quiere quedarse con el transporte urbano para que teniéndolo en sus manos, ahora sí, soltarse con los aumentos a las tarifas.

Únete Pueblo tiene documentado que las rutas 226, 155 y 96, entre muchas otras, ya están en manos de esos prestanombres.

Volviendo al método de los consorcios para ordenar al transporte, el número 10 establecía que todas las rutas urbanas tendrían que dejar de entrar al centro de Monterrey.

La única forma de que el usuario perciba que el transporte mejore, es resolver el desastre de este servicio en el centro.

En anterior director de la Agencia -Jorge Longoria- me dijo que se cuenta con el número exacto de unidades que circulan manzana por manzana en el primer cuadro de Monterrey.

A cualquier experto le sorprendería saber que en una de esas calles -cualquiera- llegan a transitar hasta 300 unidades por hora, lo cual quiere decir que todas las rutas confluyen al centro y esto desata una ferocidad y canibalismo entre los mismos transportistas, donde el usuario es el que paga el pato, por aquello de las carreras que unos operadores juegan contra otros para ganarse el pasaje y  los muchos accidentes que ocurren por rebases y otras calamidades.

Con los 9 primeros consorcios zonales comenzaron a eliminarse este tipo de prácticas y así, los transportistas se dieron cuenta de que al querer todos fluir hacia el centro, en el 80% de sus trayectos se competían unas a otras las unidades de una misma ruta, porque al final lo único que variaba era el destino de las colonias en las cuales terminaban sus recorridos.

Todo esto comenzó a depurarse y un ejemplo de ello fue la ruta 89 operada por la CTM, que era la más odiada por los usuarios porque tenía 6 ramales (un ramal es una derivación de la propia ruta) y era la que acaparaba la calle Juárez.

Era tal la incongruencia de esos trazados de rutas, que los otros transportistas no podían ni siquiera atravesar la avenida Sendero ni transitar en los límites con el municipio de Juárez ni entrar al municipio de García, solo los camiones de la CTM.

Esto se comenzó a resolver -conforme avanzaban los consorcios- a “bayoneta calada” que al final de cuenta derivó en una conciliación, entrenamiento y platicarles a los propietarios de las rutas, incluyendo los líderes cetemistas, la visión final de lo que se perseguía con el sistema de consorcios, que expliqué en mi artículo de ayer.

Hablé de nuevo con Longoria y me reafirmó que todo iba avanzando hacia lograr un servicio de transporte urbano de calidad, siguiendo las mejores prácticas mundiales… hasta que El Bronco metió las manos, se dio cuenta de que por mucho que mejorara el transporte, eso lo alejaría de sus intenciones de quedarse con las rutas más rentables y lo demás es historia bien conocida.

Cuestioné a mi fuente que a pesar de todo el trabajo realizado, la percepción del usuario sigue siendo hoy muy mala respecto al transporte urbano, y me respondió: “Porque no nos dejaron terminar el trabajo, porque lo tronaron”.

CAJÓN DE SASTRE

Resumen: Conociendo el trabajo de gente como Longoria, Hernán Villarreal Rodríguez, Carlos Chavarría Garza y otros especialistas a quienes consulté para estos artículos, hay suficiente capacidad para resolver el problema del transporte urbano no solo en Monterrey, sino en muchas otras ciudades que padecen lo mismo.

El factor determinante para que este servicio escale a niveles mundiales es evitar que el gobierno meta las manos para pretender administrar un giro que ni conoce, ni le sabe, ni le entiende, ni puede. Sí quiere, porque de ahí se derivan muchos oscuros negocios como los que he mencionado en estas publicaciones.

El colmo de una intervención gubernamental en un servicio que es eminentemente privado, es cuando gobernantes como El Bronco son descubiertos en su intento por quedarse con las mejores rutas mediante prestanombres para que cuando “el destino los alcance” y los mande a pelar papas a su rancho, tengan un negocio del cual vivir.

Me dicen que el caso de Monterrey se repite con ciertas variantes en Guadalajara, Tijuana, Puebla, Pachuca, Cancún y otras, donde gobernantes, legisladores y otros políticos se están apropiando de la operación de un servicio vital como éste.

Esta serie de artículos termina hoy… por lo pronto, porque las publicaciones han servido para que gente de otras ciudades me comparta información que por supuesto, ya estamos investigando.

“Venga”, dice la irreverente de mi Gaby.

placido.garza@gmail.com