Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el “estilo de gobernar” de la autodenominada cuarta transformación es el hecho de no hacer frente a los grupos del crimen organizado a partir de la idea de que “no se puede combatir el fuego con fuego”.

Muchas preguntas ha provocado esta actitud e incluso señalamientos en el sentido de que los grupos criminales estarían trabajando “a sus anchas” en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ninguna autoridad parecía interesada en afectar sus intereses.

Hasta ayer, cuando se dio a conocer el resultado del operativo “agave azul” mediante el cual la Secretaría de Hacienda bloqueó casi dos mil cuentas bancarias vinculadas al grupo delictivo conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), impidiendo el acceso de dicha organización a miles de millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con un vocero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el operativo se habría desarrollado durante los últimos tres meses, período en el cual la UIF trabajó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos, a partir de “informes de inteligencia de los principales líderes del cartel, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas”.

Con esa información habrían localizado las cuentas bancarias en las cuales se detectaron operaciones por más de 22 mil millones de pesos, aunque aún no se ha precisado cuánto de ese dinero ha sido efectivamente asegurado.

La operación realizada contra la referida organización criminal pareciera evidenciar que la administración de López Obrador ha decidido “golpear” a las organizaciones criminales que operan en México a partir del conocido consejo que invita a “seguir el rastro del dinero”.

Habrá que esperar, desde luego, a que el Gobierno de la República confirme –o desmienta– que esa es su intención, además de precisar la forma en la cual la coordinación de dicha estrategia ha sido definida con las agencias de los Estados Unidos.

También será necesario esperar a ver la reacción del CJNG y tener claro si el golpe que le ha asestado el Gobierno Federal se convierte en motivo de una escalada de violencia o si, contrario a lo que ha ocurrido hasta ahora, la organización criminal “absorbe” el golpe.

Si ocurriera esto último resultaría sumamente aleccionador respecto de la fórmula correcta para lidiar con las organizaciones criminales en México pues, como ha quedado claro hasta ahora, la estrategia de usar la fuerza del Estado contra ellas solamente ha servido para convertir al País en un cementerio.

No habrá que adelantar vísperas, sin embargo, pues la experiencia de los últimos años es clara en señalar que los grupos delincuenciales no suelen permanecer pasivos frente a la actividad gubernamental cuando esta afecta sus intereses. Y esta vez vaya que los han afectado.