El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, forma parte de las locaciones de la serie "Enemigo íntimo", producida por Argos Comunicación Telemundo, lo que ha provocado el descontento de abogados.

Desde las primeras escenas de la serie mexico-estadounidense, se observan grabaciones del Cereso al que en el guión nombran “Las Dunas”. La confirmación de que se trata de dicho penal la hizo el gobierno de Graco Ramírez, a través del secretario de gobierno, Ángel Colín López.

“La Comisión Estatal de Seguridad y la Coordinación de Reinsercción Social han permitido algunas tomas, algunas filmaciones (en el penal)”, señaló el encargado de la política interna. Pero antes dejó en claro que este recinto cuenta con certificaciones de alta calidad, específicamente de la Asociación Americana de Prisiones (ACA).

Dicho distintivo, indicó, fue lo que motivó a que se pusieran los ojos en el modelo del penal de máxima seguridad y bajo los debidos cuidados, sin poner en riesgo la seguridad. Advirtió que se dio la autorización para hacer tomas de algunas partes del penal sin poner en riesgo la seguridad al interior del mismo y sin cobro alguno.

La “narcoserie” que protagoniza la actriz Fernanda Castillo, cuya dirección corrió a cargo de Humberto Barrero, muestra tomas del exterior e interior del penal que, a decir del abogado postulante, Guillermo Arroyo Cruz violentan la ley, aunado a que no es la primera grabación de este tipo, pues también en la última temporada de “El señor de los Cielos”, se utilizó este inmueble.

“Como abogados sí identificiamos que la serie fue grabada en las instalaciones en su gran parte en el penal del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Morelos (…) la serie se ubicó en Ciudad Juárez Chihuahua; por lo que nosotros consideramos que se violentaron todos los protocolos de seguridad, porque se permitió el acceso con actores y equipo de filmación por su puesto equipo de apoyo, personal técnico y más, que ingresó de manera muy laxa”, explicó el litigante.

Arroyo Cruz quien había denunciado a través de sus redes sociales, dicho asunto, consideró que las autoridades prestaron como locación cinematógrafica la instalación del centro penitenciario, pues al publicar el hallazgo recibió un mensaje a través del diputado Jesús Escamilla, de la representante de la casa productora, Laura Galat, que a cambio de servir como escenografía de la serie, no se cobró, sólo se brindaron botes de pintura.

Asimismo, en algunos capítulos de la serie se muestran tomas con drones, siendo que está prohibido utilizar el espacio aéreo, pues incluso no se puede sobrevolar el penal, por el riesgo que representa para quienes están ahí y ya que además se pone al descubierto la distribución del inmueble.

Entre los riesgos que se identifican por usar al penal de Atlacholoaya, es que al momento de la grabación se registre un conato de motín, un intento o real fuga de reos, situación que pone en peligro tanto a los internos, custodios y actores.

“Incluso las funciones de los propios custodios, están siendo sometidas por una instrucción de un superior administrativo para brindar apoyo al equipo de grabación; eso es preocupante porque tenemos que los intereses económicos o políticos de los superiores, están por encima de la seguridad de los internos, de los custodios, de los administrativos y hasta de los actores”, expresó.

Al inicio de su admisnitración, Graco Ramírez se pronunció porque en Morelos dejaran de llevarse a cabo los palenques, jaripeos e incluso llegó a cancelar conciertos de artistas como Gerardo Ortíz, por considerarlos que se hacía apología del delito, con los llamados “narcocorridos”, ante este actuar y laxidad de miembros del gabinete, Guillermo Arroyo expresó que es una actitud incongruente del Ejecutivo, pero también irresponsable e ilícita.

Por último, el litigante exhortó a la administración entrante de Cuauhtémoc Blanco, de inicio realizar una investigación seria y profunda para conocer de qué manera fueron otorgados esos permisos, al tratarse de un penal de alta seguridad y, en caso de que se hayan dado de manera ilegal, fincar las responsabilidades correspondientes.