El advenimiento de un nuevo sistema de justicia penal constituye, sin duda alguna, un paso muy relevante en el proceso de convertir a la nuestra en una democracia sin adjetivos. Que la procuración y administración de justicia no sea más un instrumento al servicio de quienes tienen el poder para garantizársela, y que el respecto a los derechos de víctimas e indiciados sea la preocupación fundamental, implican un cambio radical de paradigma.

Por ello, todos debemos darle la bienvenida a la transformación de nuestro sistema de justicia y empujar para que sus reglas se implanten de forma sólida en nuestras instituciones en el plazo más breve posible.

Pero al mismo tiempo que le damos la bienvenida a la nueva fórmula con la cual se dirimen las controversias penales, también debemos estar conscientes de que la transición entre el viejo modelo y el nuevo no será tersa ni estará exenta de contratiempos. Y eso se debe, sobre todo, a un factor importante en el mecanismo necesario para perseguir los delitos: la investigación policial.

El gran talón de Aquiles del entramado institucional lo constituye ciertamente la inexistencia de corporaciones policiales —de acción inmediata y de investigación— entrenadas en el respeto a los derechos de los individuos y conocedoras de las técnicas modernas de investigación criminal.

El retrato que de la policía “investigadora” existe entre nosotros es el de un cuerpo de individuos para quienes las pesquisas se conducen a base de torturas, de intimidación y de la violación grosera de los derechos de las personas “sospechosas” de haber participado en un hecho delictivo.

No resulta exagerado decir que frente a las “técnicas” de investigación que históricamente han distinguido a las policías mexicanas, las descripciones que Franz Kafka realiza en su novela “El Proceso” semejan más bien cuentos infantiles.

Y para botón de muestra allí está el caso de dos presuntos violadores a quienes arrestaron elementos de la Policía de Ramos Arizpe, el sábado anterior, pero ayer fueron dejados en libertad por inconsistencias en el trabajo policial.

La historia no podría ser más patética: de acuerdo con la versión conocida del caso, los presuntos violadores fueron presentados ante un juez y se intentó vincularles a proceso por haber atacado sexualmente a una menor de edad. Sin embargo, los responsables de su arresto habían señalado, en el parte informativo que siguió al arresto de los mismos, que les habían detenido por estar vinculados al robo de un automóvil.

Tal circunstancia bastó para hacer imposible el procesarles por el ataque sexual del que presuntamente serían responsables pues, dado que respecto de ese delito no habría flagrancia, el juez estaba obligado a dejarles en libertad.

¿Eso demuestra que el nuevo sistema de justicia penal no funciona porque actúa “en beneficio de los delincuentes”? No: lo que demuestra es que mientras nuestras policías no modifiquen sus estilos de trabajo la mesa estará puesta para que la incompetencia policial se convierta en el pasaporte a la impunidad.