La semana pasada en este mismo espacio argumenté que quisimos pero no pudimos, responsabilizando a la idiosincrasia de los coahuilenses por el ‘fracaso’ electoral del año que recién concluyó, suceso más importante de 2017. Y no se le puede llamar de otra forma cuando 95 por ciento de los encuestados antes de los comicios respondió que las cosas en el estado debían “cambiar definitivamente” y, sin embargo, ganaron los mismos de siempre debido -entre otras causas- a nuestra proclividad a boicotearnos.

Expuse también una obviedad: que por no juntarse cuando debían, es decir, antes de las elecciones, los cinco candidatos opositores que conformaron el Frente de lucha postelectoral “Coahuila Digno” no estuvieron a la altura de las circunstancias. Nos quedaron a deber. Inclusive la Unidad Democrática de Coahuila difundió durante la campaña un spot publicitario donde Lenin Pérez Rivera pedía a Guadiana y Guerrero, directamente y por sus apellidos, unirse a la Coalición encabezada por Guillermo Anaya para vencer al PRI. No prosperó. Habría que conocer los motivos del lobo, parafraseando a Rubén Darío. No es lo mismo únete a mí –pon tu parte- que unámonos todos.
Pero no hemos llegado a un punto fundamental: la deuda histórica del PAN.

Independientemente de la serie de actos concatenados que llevaron al fraude, pues -como se ha escrito aquí- en Coahuila las elecciones no siempre se ganan en las urnas, y dejando de lado sus equivocaciones en el proceso interno de designación de candidato a Gobernador, en una entidad tradicionalmente bipartidista como la nuestra es imposible no señalar a quienes durante 88 años consecutivos han sido incapaces de derrotar al PRI-Gobierno –por las razones que sean- y que, indirectamente, serán responsables de que la hegemonía dure –por lo menos- 94 años.

En ese sentido, interpretando las sentencias a los juicios de nulidad que promovió Acción Nacional, emitidas por el Tribunal Electoral de Coahuila el 24 de octubre, salta a la vista un error propio que explica por qué perdió un sexenio más –y sin ‘ayuda’ de terceros- la gubernatura.

Muy fácil: por no acreditar a representantes de casilla en todos los centros de votación que se abrieron el 4 de junio.

Del 98.7 por ciento de ciudadanos que había registrado para tal encomienda, sólo 88 por ciento acudieron a la cita como consta en la sentencia 96/2017. Uno de cada 10 desistió.

Quizá falló la comunicación, los estímulos o la capacitación. El hecho es que dejó ‘descubiertas’ 233 casillas (de 3627 totales) y eso significa un riesgo mayúsculo que se puede prevenir.

El PRI, para dimensionar, registró representantes en el 99.9 por ciento de las casillas y el 4 de junio se presentó el 98 por ciento del total.

Ya lo dijo Stalin, el dictador soviético: “basta con que el pueblo sepa que hubo una elección; los que emiten los votos no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”.
Cortita y al pie

El PAN que pone la otra mejilla, se fustiga y condena los métodos empleados por el PRI para ganar los comicios no sirve para fines democráticos. Demasiada candidez y nulos resultados.

A la vuelta de la esquina hay elecciones otra vez. En el estado se disputarán siete curules federales, tres escaños para el Senado y 38 alcaldías. ¿Aprenderá por fin la lección y tomará el poder, o tropezará nuevamente con la misma piedra?

La última y nos vamos
Por lo demás, la indignación social que nació en 2017 hizo una pausa por las fiestas decembrinas pero no se apagó. Sigue buscando, por el contrario, quién la canalice y forme Gobierno. Como líder de la oposición (no lo digo yo, sino las estadísticas electorales) el PAN tiene la palabra: o se trata de capitalizarla y ganar el 1 de julio, o se trata –como en ocasiones anteriores- de ser comparsa del PRI, recibiendo pingües beneficios.

Los ciudadanos no esperarán su definición toda la vida y no tardarían en abordar una tercera vía de no sentirse representados. Es un momento de quiebre.

@luiscarlosplata