Sin duda, ésta es la reforma constitucional y legal que más atemoriza a la clase política. A diferencia de otras reformas estructurales, sólo a ésta dieron un plazo para su aplicación, como no queriendo que se hiciera realidad. De aprobarse en plenitud, esta reforma pondría una rienda efectiva a un sistema que gasta mucho dinero, que se roba otro tanto y que, a fin de cuentas, no ha servido para nada.

Salvo el uno por ciento, los delitos en México no tiene castigo; el 99 por ciento restante es impunidad pura y dura. En ese mar de sombras navegan los asesinatos del día a día, las violaciones, el narcotráfico y el crimen organizado, los delitos ambientales, el tráfico de personas, los fraudes, la corrupción gubernamental y privada. Corrupción y más corrupción.

Cuando el PRI salió del Gobierno en 2000, se desataron un sin fin de evaluaciones y diagnósticos del sistema político mexicano. ¿Cómo desterrar y desmantelar el sistema autoritario del que, por fin, nos habríamos librado? Se realizaron foros y seminarios, se escribieron libros, se gastaron toneladas de tinta, y cosechamos muchísimas conclusiones.

En el gabinete de Vicente Fox se discutían dos alternativas: a)  romper con el viejo régimen, apostando al bono democrático que le concedió el voto popular. Cambiar las reglas del juego, para dar vida a un nuevo juego democrático; y b) negociar un cambio gradual para evitar un choque frontal. Ganó “b” y así estamos.

La madre de todas las reformas fue la Reforma del Estado. A mi modo de ver, las cosas se movían sobre tres grandes ejes que debían transformarse: la política, la justicia y la economía. El autoritarismo y la corrupción, estaban (y están) tan arraigadas que, para democratizar efectivamente al País, era (y es) preciso transformar esos tres ejes fundamentales. En aquel entonces, las tres reformas fueron constantemente saboteadas tanto por el PRI, como por el PRD; mientras el PAN titubeaba con absoluta timidez. Más tarde, se acostumbró a las “comodidades” que brinda todo sistema corrupto.

La reforma política debe establecer las reglas del juego para la toma de decisiones, así como los incentivos y castigos en la relación entre el gobernante y la ciudadanía. La partidocracia pospuso esta reforma lo más que pudo, tuvo un leve avance a finales del gobierno calderonista, particularmente la reelección de Presidentes Municipales.

Las reformas económicas, únicas que interesan al PRI, se pospusieron hasta que regresaron al poder, porque apuntala el capitalismo de cuates que tanto los beneficia y tanto daño ha hecho a nuestro País. Su cálculo perverso hizo perder a México una década de crecimiento económico. Cuando esas reformas llegaron, la bonanza mundial ya había pasado. Ahora toca aplicar lo bueno que por fin se aprobó, y continuar peleando por lo mucho que falta para una economía de mercado auténticamente humana, con enfoque social.

Finalmente, la reforma de justicia penal establece reglas para que los delincuentes paguen por sus fechorías, asegura que el juzgador sea profesional y su juicio transparente, que el fiscal sea efectivo representante de la sociedad, que los derechos humanos sean salvaguardados y que los verdaderos culpables paguen por sus delitos.

La presión de la sociedad civil consiguió, en 2008, la aprobación de algo aceptable: entre otros temas, los juicios orales. Se fijó un plazo de 8 años para instrumentarlos en todo el País. Felipe Calderón tuvo cuatro años para fijar un plan e instrumentarlo, pero estaba tan ocupado en la guerra con el narcotráfico, que vio la reforma como un obstáculo. A mi modo de ver las cosas, se equivocó.  

Enrique Peña Nieto, después de 4 años tampoco ha hecho nada. El próximo mes concluye los 8 años de plazo y según un estudio del CIDAC, “las acciones para la implementación en todo el País se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada”, “derivó en 33 procesos de transformación paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación…”.

Propongo la conclusión de una de las voces más autorizadas en el tema, Ana Laura Magaloni. Cito: “Se perdió la oportunidad política para que existiese una transformación real y sistémica de la justicia penal mexicana. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido ni siquiera para inhibir las prácticas autoritarias de la procuración de justicia que era, por mucho, la pieza clave a reformar. Todos los días la prensa nacional da cuenta de ello: la tortura como método de investigación, la corrupción de policías y ministerios públicos, el desprecio de las procuradurías hacia las familias que buscan a sus hijos, la falta de capacidades para investigar profesionalmente los delitos, la resistencia a consignar casos que involucran a la élite, y un largo etcétera que todos conocemos. La demanda ciudadana por una auténtica reforma penal está siempre presente, pero no parece políticamente atractivo atenderla.”.

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