CIUDAD DE MÉXICO.- La construcción de la Torre de Insurgentes 2021 viola la reglamentación vigente, pero mientras eso se dirime en tribunales, su esqueleto metálico es también un monumento a la ineficiencia, a la desidia, al fracaso.

Diversas autoridades, como la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa han determinado que la obra es ilegal.

La delegación Álvaro Obregón, la misma que miró hacia otra parte mientras se construían 10 pisos donde sólo se permiten tres, ha informado que en mayo del año pasado solicitó su desmantelamiento, pero no pasa nada. Dos años después de su clausura, el esqueleto sigue ahí, oxidándose.

Los constructores, Diámetro Arquitectos, enfrentan dos denuncias penales del Instituto Nacional de Antropología e Historia por violación de sellos de clausura y falsificación de documentos, y al menos cinco procesos iniciados por legisladores locales y vecinos de San Ángel, pero promovieron amparos y mientras ganan tiempo, pierden dinero.

Recientemente pidieron un permiso a la delegación para hacer trabajos de mitigación en la obra clausurada y se comprometieron a desmontar la grúa, pero hoy la grúa sigue allí.

Mientras la balanza parece inclinarse a favor el INAH, que ha ganado ya dos de tres instancias, el esqueleto seguirá allí hasta que los tribunales emitan una sentencia.