En las primeras horas del pasado 18 de marzo el Gobernador de Coahuila hizo llegar el oficio CJ/COE/087/2016 al Congreso del Estado, a través del cual manifestó “no tener inconveniente” en conceder 41 fiats para el ejercicio notarial en la entidad al mismo número de personas que él propuso.

La mayoría de diputados locales (salvo los panistas, según la crónica legislativa) inmediatamente y sin hacer observaciones votaron ése mediodía a favor de la propuesta (de un párrafo, básicamente), y por la tarde se publicó ésta en el Periódico Oficial convertida en Decreto 418 con una diligencia inaudita. Hasta aquí el procedimiento se desarrolló conforme a la Ley del Notariado del Estado (inclusive acordó Rubén Moreira el día antes otorgar las patentes de aspirante a Notario a la misma lista, a juzgar por el Periódico Oficial número 23).

Sin embargo llama la atención que los 41 beneficiados hayan pagado a cambio 656 mil 406 pesos cada uno, el mismo día 18 y prácticamente a la misma hora, como consta en los recibos oficiales en poder de quien esto escribe.

Algo huele mal.

No digo que sean falsos los documentos entregados por la Dirección de Notarías, pero se trata de una coordinación inusual entre instituciones y ciudadanos. “No la tiene ni Obama”, citando a los clásicos.
Mirando con lupa los 143 comprobantes emitidos por la Secretaría de Finanzas (Sefin), aparecen referencias bancarias, seriadas, a través del sistema Paga Fácil que controla por internet el mismo Gobierno de Coahuila.

El nombre de los 41 favorecidos por el Ejecutivo ha sido ampliamente abordado en otros espacios. Cabe señalar que a la totalidad el Gobernador los exentó de haber realizado prácticas al menos un año en una Notaría, de tener tres años de experiencia en la abogacía, y del examen de conocimientos; es decir, los tres requisitos más técnicos, y por tanto los más importantes, de los 12 que menciona el Artículo 76 de la Ley del Notariado.

Ahora bien, vayamos al punto que siembra la duda: ¿cómo hicieron los 41 designados para costear esa contribución tan onerosa casi al mismo tiempo?

¿Todos traían 656 mil 406 pesos en la bolsa por lo que se pudiera ofrecer?, ¿pidieron un crédito de aprobación inmediata en Guardadito Banco Azteca?

¿Con cuánto margen de anticipación sabían que les sería concedido un fiat, y dispensados los tres requisitos más importantes?, ¿por qué gozaron de dicha ventaja sobre cualquier otro individuo, de ser así?
¿La Sefin liberó los recibos, como si los hubieran pagado íntegramente, y en realidad permitirá que abonen la cifra en cómodas mensualidades?

¿Qué sucedió entonces?

Por las 41 patentes de aspirantes y fiats notariales el Gobierno del Estado debió ingresar 26 millones 912 mil 646 pesos en total.

¿Ingresaron realmente?, es la pregunta.

Al desglosar las cantidades, por concepto de “fomento a la educación y seguridad pública” (el cual no necesita explicación sobre su destino) recaudaron —se supone— 4 millones 943 mil 124 pesos. A razón de “avisos judiciales y administrativos” ingresaron —se presume— 42 mil 722 pesos.

¿Y los restantes 21 millones 926 mil 800 pesos que no tienen un fin específico?, ¿dónde están?

Cortita y al pie

No es cualquier cosa. Hasta diciembre de 2011 en la Ley de Ingresos del Estado el costo del ‘combo notarial’ (exámenes, fiat, patente) era de 60 mil 698 pesos. Por los 41 trámites se hubiesen facturado en aquel momento 2 millones 488 mil 618 pesos.

Con el cambio de administración estatal el precio aumentó 1081%.

La última y nos vamos

Como reloj suizo. En menos de 12 horas el Gobernador propone, el Congreso aprueba, el Periódico Oficial publica, y los 41 beneficiarios pagan 656 mil 406 pesos cada uno, a la misma hora, en idénticas transacciones, a la Secretaría de Finanzas. Nada se atora, todo fluye. Y después inician las vacaciones de Semana Santa.

Somos Coahuila, no Alemania. Tanta perfección genera suspicacias.

carlos_plata01@hotmail.comluis carlos plata