Hace 15 años el doctor Pablo González Casanova, exrector de la UNAM, proyectó  con certeza que los gobiernos de este País -en los últimos 25 años- se han ocupado con empeño en promover el aislamiento y la destrucción de las universidades públicas, constriñéndolas en sus presupuestos, promoviendo financiamientos para la investigación a empresas privadas, e impulsando la reducción de los estudiantes a objetos ignorantes de la historia, de la política y de las ciencias vinculadas al humanismo, ignorando los objetivos constitucionales que las obligan a promover, “el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” (Artículo 3º). 

Por desgracia para las jóvenes generaciones, las universidades públicas se afanan en transformar la educación superior en mercancía, reduciendo significativamente sus posibilidades de  acceder a ella. 

La noticia publicada esta semana (VANGUARDIA, 13-03-16) de que en la Universidad Autónoma de Coahuila, la alta burocracia ha incrementado sus salarios, en algunos casos hasta en un 175 y un 75 por ciento, es muestra de que la cleptocracia vine reforzándose en esa institución, tendencia que no comenzó con esta administración -recuérdese a Mario “El Negro” Ochoa, que se fue con millones de pesos en sus cuentas bancarias-. 

No hay exrector pobre, solamente conozco a Alejandro Dávila Flores que continúo como profesor e investigador, y no parece haberse enriquecido en el puesto de Rector. Aparentemente ahí se ignora el Artículo 127 constitucional, debieran leerlo. También extraña que el exmaoísta Salvador Hernández Vélez, repudie nuevamente sus convicciones de izquierda para enriquecerse con el dinero de la Universidad, más bien hay que reírse de ellas. 

La alta burocracia de la UAdeC es mucho más importante y crece más que el insumo básico de la universidad, que es la planta docente. A éstos se les paga una miseria, la hora/semana/mes puede alcanzar los 70 pesos; a ellos sí se les aplica rigurosamente el “aumento” anual al salario mínimo, que en años anteriores era del 4.3 por ciento y ahora bajó al 3.2, lo que claramente indica que en este País vamos “moviéndonos” en reversa.

También habría que subrayar que la planta docente, además de padecer los bajos salarios, es una plantilla en su mayoría en envejecimiento y que percibe el retiro como una amenaza a su nivel de vida. Además, son pocos o nulos los estudios que hay sobre la UAdeC, lo cual es lamentable, dado que es una institución pública que mantenemos con nuestros impuestos, aunque Rubén Moreira se la haya apropiado y las autoridades de la UAdeC doblen las manos ante él.   

El rector Blas Flores Dávila ha aclarado reiteradamente que él no estaba enterado de los aumentos exorbitantes que perciben sus colaboradores, lo cual, ante la opinión pública resulta inexplicable. La pregunta es ¿por qué el Oficial Mayor  se toma atribuciones sin informar a su jefe, que es el rector Flores Dávila? 

Julián Anzaldúa, oficial mayor, ya informó que los salarios de los universitarios se incrementaron sólo un 3 por ciento, entonces los funcionarios mencionados por VANGUARDIA, ¿cómo le hicieron para aparecer en los tabuladores con esos sueldazos?, ¿de cuánto fue el “moche” o qué? La incógnita no está despejada, ¿quién miente?

La UAdeC es una institución paralizada, mientras que en las universidades de Veracruz y Morelos la efervescencia arde en la lucha por sus derechos, aquí nadie mueve un dedo, los estudiantes y los docentes callan, mejor se acogen a la política del avestruz, esconder la cabeza bajo la tierra, y no es para menos, porque la represión sigue vigente. Así que, ¡a callar todos! Y la burocracia, a vivir bien, faltaba más.