Mucho se ha especulado sobre lo acontecido en la pasada jornada electoral en Coahuila. Primero, la insistencia de algunos en no reconocer los resultados cuando estos les son adversos; luego, marchas que se convirtieron en una suerte de peregrinación entre vecinos; después argumentos tan disímiles entre sí, que impedían normar un criterio más o menos estable entre quienes tratan de analizar objetivamente los comicios en nuestra patria chica. 

Con la intención de confundir al respetable, en un principio se habló de la existencia de un supuesto fraude electoral. Para avivar el malestar social, y cual si se tratara de un juego de futbol llanero, se utilizó el viejo truco de desacreditar al árbitro. Igual se habló de las encuestas de salida, que del Prep; del conteo rápido o del traslado de los paquetes. Cualquier aspecto del proceso, una vez manchado por la duda sembrada, era útil para el pueril pataleo. 

Lo hemos dicho antes: la memoria colectiva tiene una corta vigencia. Ahora ni quien se acuerde del IEC, de las urnas, de las boletas y las actas. La opinión pública se concentra en los gastos de campaña y en el dictamen que al efecto emitirá el Consejo General del INE.  

Vamos aclarando el panorama (dijera el guatemalteco cantautor de estrofas mal rimadas). La anulación de la pasada elección no es algo inminente, como lo aseguran algunos en forma irresponsable. Es más, la posibilidad de que esto ocurra se antoja aún lejana. Ante la andanada de dimes y diretes respecto al tema del momento, tanto los consejeros del INE, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han decidido salir a la escena pública para aclarar los rumores que los agoreros del caos han difundido dolosamente. 

A través de medios de comunicación de alcance nacional, el Consejero del INE, Marco Antonio Baños ha establecido que, si bien, el dictamen de la Comisión de Fiscalización del referido instituto ha estimado la posibilidad de rebase del tope de gastos de campaña, este se debe principalmente al criterio que se adoptó en el sentido de considerar en este tipo de gastos los eventuales pagos que se hubieren hecho a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. De persistir este criterio, el rebase de los topes de gastos de campaña podría ser imputable tanto a la coalición por un Coahuila Seguro encabezada por Miguel Riquelme, como a la que representó Guillermo Anaya en la pasada contienda. Para que nos entendamos, si el dictamen final del INE resuelve el rebase en los gastos de campaña, lo hará contra ambos ex candidatos. Pero no solo eso, además caerían en el supuesto de gasto excesivo 51 candidatos a alcaldes o alcaldesas de municipios correspondientes a las entidades en las que hubo elección. 

Pero que no cunda el pánico entre Tirios y Troyanos. Para empezar, el criterio de considerar el pago de los representantes como gasto de campaña es altamente cuestionable, puesto que estas figuras intervienen exclusivamente el día de la elección y para entonces la campaña, como es lógico, ya concluyó. Por otro lado, la mayoría de los partidos políticos, al menos los más grandes, echan mano de su militancia para la labor de representación, por lo que ésta generalmente es una actividad voluntaria y gratuita, y así ha quedado acreditado, al menos en el caso del PRI. 

Además, en el hipotético caso de que el INE dictamine el rebase de tope de gastos de campaña (insisto PRI y PAN serían afectados por igual), esto no produce la nulidad de la elección. Solo un tribunal podría anularla, una vez agotada la revisión que al respecto se lleve a cabo. 

Aquí en confianza, mientras algunos panistas comarcanos ya se frotan las manos en espera de una resolución que les abra la posibilidad de contender en sustitución de Guillermo Anaya, el líder nacional del PRI ha sido enfático al decir que el tricolor no tiene plan B; el único plan, dijo, es cerrar filas en torno a Miguel Riquelme y defender el triunfo que éste obtuvo en las urnas. 

Vale la pena reproducir una parte de las declaraciones vertidas por el Magistrado del TEPJF, José Luís Vargas: “… me parece que es un tanto irresponsable advertir que ya hay nulidades en el aire, y que equis o ye tribunal se tendrá que pronunciar por lo que una autoridad administrativa, o incluso los medios de comunicación, ya dan como un hecho inminente”. Así de claro; así de contundente. 

@Ivo_garza