El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Coahuila, tendrá la obligación de crear un sistema de información en el que se reunirán datos y estadísticas de los diferentes entes de Gobierno para implementar políticas públicos en materia de combate a la corrupción.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, en el que se señalan las atribuciones del Comité Coordinador del SEA, deben de requerir de información a los entes públicos respecto al cumplimiento de la política estatal y otras políticas integrales implementadas para crear un sistema. 

“Establecer un Sistema Estatal de Información que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas”, señala el ordenamiento.

De la misma forma, el sistema de información integrará y conectará los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas.

El sistema señalado es el receptor e integrador de la información que las autoridades integrantes del Sistema Estatal incorporen para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional conforme a los lineamientos, estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador del Sistema Nacional.  

“Estará facultado para establecer formatos, criterios, políticas y protocolos de gestión de la información para los entes públicos que tengan a su disposición información, datos o documentos que sean objeto de cumplimiento de las obligaciones que marca esta ley y los ordenamientos que de ésta emanen, o sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información”, dice la legislación.

El 28 de junio el Congreso del Estado aprobó con 16 votos a favor y 6 en contra, diversas disposiciones para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuya adecuación armoniza con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.