Apesar de que el impulso a la transparencia es uno de los principales postulados del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso promovió la aprobación de leyes como la 3 de 3, este instituto político no cumple en su sitio web con todos los requisitos que marca la legislación en la materia.

Al menos 14 de los 98 puntos establecidos en los artículos 70 y 76 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 64 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE) en Materia de Transparencia, no son cumplidos por este partido.

En su página de Internet, en el apartado “Transparencia”, para cumplir las obligaciones que debe atender en materia de difusión, integra 98 links para cada una. Sin embargo, en el punto VII del artículo 64 del Reglamento de Transparencia del INE, el cual se refiere a los contratos y convenios para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios, no muestra información.

De este mismo artículo tampoco exhibe lo que exige esta norma en sus apartados XIII, XIV y XVI sobre los resultados de informes y auditorías, sentencias de los órganos jurisdiccionales y las resoluciones relativas a garantizar los derechos de los militantes, respectivamente.

A pesar de que varios panistas han subido sus declaraciones patrimoniales al sitio 3de3 (el cual es una plataforma ciudadana que no responde a las obligaciones legales), las versiones públicas de las mismas no están visibles, como establece el artículo 70 de la Ley de Transparencia.

El apartado XXXII del mismo artículo indica que los sujetos obligados deben publicar el padrón de proveedores y contratistas, y en el apartado X hacer públicos el número de plazas y de personal de base y confianza: ninguno de los dos se muestra.

Tampoco se señala lo relacionado con la dictaminación de los estados financieros, establecidos en la fracción XXV de este artículo; los gastos de representación y viáticos, los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, y el inventario de bienes muebles e inmuebles. Mientras que de las obligaciones señaladas en el artículo 76 no muestra la lista de aportantes en campañas ni los montos, cuotas y aportaciones de sus militantes.

El vocero de la dirigencia nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, indicó que con las reformas a la Ley de Transparencia, en los artículos transitorios le permite a los partidos un lapso para poder adecuar la información.

“La información que tenemos respecto a la oficina de transparencia es que estamos dentro de los plazos establecidos en los propios transitorios de la ley. La ley de transparencia emitió unos plazos legales para que los partidos adecuen su información y la hagan pública, y lo que sabemos es que estos lineamientos están en tiempo y forma”, señaló.

El panista reconoció que algunos de los lineamientos se “han estado tardado” pero están dentro de lo que permite los transitorios y aseguró que en breve estará pública toda la información.

En el artículo 70 de dicha legislación establece que los sujetos obligados por la ley deben mostrar la información financiera sobre el presupuesto, así como padrón de proveedores y contratistas, y donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.

Que ahora sí investigará corrupción

La Comisión Anticorrupción interna del Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza Luis Felipe Bravo Mena, abrió averiguaciones contra el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y a la exalcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes, luego de las denuncias de presuntos desvío de recursos en sus respectivas administraciones.

El zar anticorrupción del blanquiazul indicó que las investigaciones se abrieron de oficio porque “queremos mandar la señal de que no se tolerará la corrupción” en el partido, y que esta instancia, ya instalada formalmente, tiene para desahogar 26 denuncias de corrupción dentro del blanquiazul.

“Lo primero que hará la Comisión son diligencias preliminares de investigación para determinar de estos casos (Sonora y Monterrey) que han estado en la exposición pública, que se conocen por los medios, allegarse los elementos que nos permitan ubicar si hay militantes del partido involucrados en esos casos”, indicó.

Sin embargo sostuvo que los procesos no van enfocados directamente a Padrés y Arellanes, sino sobre los casos de denuncias en sus administraciones, aunque reconoció que ambos exfuncionarios serán llamados a comparecer por ser parte de los señalados en las investigaciones judiciales.

“Cuando hablo de casos y no de personas no es porque ignoremos o tratemos de evadir el que hay personas muy conocidas, militantes muy conocidos, no; simplemente es por el estricto cumplimiento de las normas que nuestro reglamento nos impone”, explicó.

Bravo Mena resaltó que esta instancia no busca fungir como Ministerio Público, por lo que sólo actuará dentro del ámbito de los estatutos del PAN, aunque reconoció que la Comisión no está facultada para imponer sanciones, por lo que sólo investigará y hará propuestas a la Comisión de Orden y Justicia del partido para que ésta emita, en su caso, una sanción.

Los estatutos panistas prevén un rango de castigos que van desde la amonestación y suspensión temporal de militancia, hasta separación del cargo, cancelación de candidatura o expulsión del partido.

A pesar de tener más de una veintena de denuncias, ninguna va dirigida contra los exdiputados federales Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, coordinador y vicecoordinador de la bancada al inicio de la Legislatura anterior, y quienes fueron señalados por orquestar presuntos cobros de “moches”.