Han transcurrido diez años desde la tragedia de Pasta de Conchos. Van 3 mil 652 jornadas de dolor y frustración para las familias de los 63 mineros muertos en la explosión que enlutó -por enésima ocasión- a la Región Carbonífera de Coahuila.

Diez largos años en los cuales las autoridades responsables de investigar la tragedia, los concesionarios de la mina y las familias de las víctimas no han logrado conciliar sus posiciones.

Los deudos de los mineros cuyos cuerpos no fueron rescatados mantienen intacto el reclamo: quieren que se haga justicia; es decir, que se realice una investigación que permita conocer la verdad de lo ocurrido, deslindar responsabilidades y rescatar los cuerpos de sus seres queridos.

El gran obstáculo para obsequiar la petición es que, para hacer tal, resulta indispensable ordenar a un equipo ingresar a la mina siniestrada, remover los escombros y abrirse paso hasta el lugar donde se encontraban los mineros el día del accidente. Hacer tal, de acuerdo con diversas opiniones especializadas, equivale a poner en riesgo más vidas humanas.

De su lado, la empresa concesionaria de la mina, así como las autoridades federales y estatales, han mantenido una postura oscilante: en algún momento se comprometen a abrir una investigación, en otro de “avientan la pelota” mutuamente, en otro “revelan” datos que, teóricamente, deberían llevar a la conclusión inequívoca de que los cuerpos no pueden ser rescatados.

El diálogo entre ambas partes ha sido accidentado y en algunos momentos ha llegado a la rispidez, entre otras razones, porque el dolor y la indignación de las víctimas es azuzado de forma oportunista por algunos de los activistas que orbitan alrededor de las familias de los deudos.

Una década cuya historia, vista desde lejos y sin pasión, constituye un ejemplo lastimoso de intransigencia, de incapacidad para construir una salida que pueda satisfacer a las partes.

Una década que, bien puede decirse, ha destruido cualquier posibilidad de establecer un puente hacia el entendimiento y la reconciliación, pues unos y otros no están dispuestos a aceptar ninguna otra respuesta que la confirmación de la versión con la que no solamente se han casado, sino de la cual han hecho un propósito de vida.

Estamos hablando de una década en la cual la tragedia de Pasta de Conchos ni siquiera ha servido como lección suficiente para transformar la operación de una industria que sólo es capaz de garantizar una cosa: llevar el luto, en forma constante, a los hogares de la Región Carbonífera.

Y para constatarlo de forma violenta, ahí están las cifras demoledoras: 105 personas más han muerto en la última década en accidentes ocurridos en las minas de carbón de Coahuila.

Una década perdida que no nos ha enseñado nada. Una década de cuyas lecciones nos hemos negado tercamente a aprender, aunque sigan acumulándose los cadáveres que dan cuenta del absurdo discursivo en el cual hemos quedado atrapados