¿Cuál es el texto exacto de la ley que debe aplicar una autoridad? ¿Cómo se encuentran descritos los derechos que un ciudadano puede exigir? ¿Cuál es el procedimiento correcto que debe seguirse para plantear una controversia y resolverla? ¿Con qué plazos exactos se cuenta para recurrir una decisión o controvertir una norma?

Todas las preguntas anteriores —y muchas más— tienen dos elementos en común que permiten, por un lado, darles respuesta y, por el otro, estar seguros de que la respuesta ofrecida es la correcta.

El primero de ellos es que se trata de cuestionamientos respecto de uno de los pilares fundamentales de toda sociedad que aspire a ser democrática: la certeza jurídica. El segundo es que, frente a cualquier controversia respecto del contenido de una norma, la respuesta final se encuentra en los medios de difusión oficiales: el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado, o las gacetas municipales.

En efecto, con independencia de que nos encontremos en una era en la cual la tecnología lo domina todo y la impresión en papel pudiera parecer “cosa del pasado”, lo cierto es que el órgano oficial impreso sigue representando la última garantía de certeza en materia de expedición de leyes y otros actos oficiales que tienen importancia jurídica.

Pero la afirmación anterior sólo es cierta a condición de que el medio oficial sea confiable, es decir, que su lectura no deje lugar a dudas respecto de su contenido. En otras palabras: es indispensable que cualquiera pueda leerlo y, más allá de sus conocimientos en materia de Derecho, pueda entender lo que ahí se encuentra plasmado. En caso de no ser así, entonces toda certeza puede perderse y ello constituye un problema importante para múltiples actividades de la vida colectiva.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la aparente pérdida de calidad en la elaboración e impresión del Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila cuyas ediciones, digital y física, no ofrecen certeza respecto de su contenido.

De acuerdo con una revisión realizada por VANGUARDIA, múltiples archivos digitales, e incluso las ediciones impresas, resultan ilegibles al grado que resulta imposible saber cuál es el contenido.

Las materias sobre las cuales verse la información ilegible es lo de menos: todo lo que se ordena publicar en el Periódico Oficial tiene el propósito de ofrecer certidumbre, bien a la población en general respecto de reglas de aplicación general, bien a instituciones públicas y privadas respecto de actos jurídicos cuya certeza garantiza dicha publicación.

No se trata de un asunto menor, ni de un hecho anecdótico, sino de un asunto de la mayor importancia pues, en el mejor de los casos, la negligencia y/o falta de profesionalismo de quienes tienen a su cargo la publicación oficial estaría poniendo en riesgo actos jurídicos de trascendencia.

Cabría esperar una explicación puntual al respecto y, sobre todo, acciones concretas para corregir de inmediato el hecho.