PUEBLA.- Ayer  el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Puebla denunciaron que el crimen organizado ha enviado amenazas de muerte contra los reporteros de la región del “Triángulo Rojo”.

En un comunicado, las organizaciones advierten que en esa zona de alta incidencia de robo de combustibles a Pemex, las bandas de los llamados “huachicoleros” han ofrecido de 10 mil a 15 mil pesos por “cabeza de periodista que se atreva a seguir informando”.

La amenaza vertida en forma directa contra varios comunicadores, agregan, “es que se pagaría hasta 15 mil pesos por cabeza de reportero que siguiera informando sobre “la central de abastos de Huixcolotla y Zozutla”, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible.

Las agrupaciones alertan que la amenaza que se generalizó en las últimas horas, fue dirigida inicialmente a los corresponsales de Televisa y El Sol de Puebla, “medios que le han dado puntual seguimiento a los temas de inseguridad que se viven en esa parte del estado”.

Por esa razón, exigen que el Gobierno del estado garantice la salvaguarda de los corresponsales que realizan la cobertura de la nota policiaca en el llamado “Triángulo Rojo”, formado entre los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca, Acatzingo y Tecamachalco.

“No podemos permitir que la región se convierta en una zona de silencio”, puntualizan.

Piden que el Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y en concordancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Mecanismos Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especial en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), brinde las garantías y proteja a los comunicadores. 

Tómelo en cuenta:
> La amenaza vertida en forma directa contra varios comunicadores, agregan, “es que se pagaría hasta 15 mil pesos por cabeza de reportero que siguiera informando sobre “la central de abastos de Huixcolotla y Zozutla”, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible.

Con información de Proceso