Pese a críticas, decreta Peña Nieto la ‘#LeyChayote’: entrará en vigor el 1 de enero de 2019

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Pese a críticas, decreta Peña Nieto la ‘#LeyChayote’: entrará en vigor el 1 de enero de 2019

La norma regulará la publicidad oficial de los tres poderes en medios de comunicación. Foto: Cuartoscuro
Organizaciones acusan que obligará a medios a seguir línea gubernamental

CDMX.- El presidente Enrique Peña Nieto publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que entrará en vigor la Ley General de Comunicación Social, a partir del 1 de enero de 2019. 

La ley es conocida como #LeyChayote por internautas y organismos que pedían no avalarla con el argumento que legaliza malas practicas como la compra de la línea editorial de medios y el condicionamiento de éstos para seguir la línea gubernamental a cambio de recibir recursos a través de publicidad.

El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, el colectivo #MediosLibres, conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil, envió una carta al Presidente donde lo pedían no avalar esta ley, aprobada por el Congreso en abril pasado y que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a los diputados y senadores a legislar en la materia antes de que terminara el periodo ordinario, o en caso contrario, serían todos retirados del cargo.

Esta norma deja a los trabajos de la Secretaría de Gobernación (Segob) la designación de los tiempos oficiales para la contratación de campañas de comunicación social en diversos medios de información, y la integración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Los tiempos oficiales se repartirán en porcentajes, 40 por ciento al poder Ejecutivo, 30 por ciento al Legislativo por partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, 10 por ciento al poder Judicial, y 20 por ciento a los órganos autónomos.

La fiscalización de los recursos quedará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o de las contralorías estatales, en el caso de las situaciones locales.

En sus artículos transitorios, el decreto obliga al Ejecutivo a actualizar sus normativas en un plazo no mayor a 120 días, y al Congreso de la Unión a reorganizar las legislaciones aplicables en menos de 90 días, para que se empaten con la nueva Ley.

Según organizaciones civiles, Peña Nieto ha gastado 40 mil millones de pesos en un pequeño grupo de medios de comunicación afines a su gobierno. E indican que al final de su sexenio alcanzará los 60 mil millones erogados en comunicación social. 

(Con información de El Universal y SinEmbargo)