El informe presentado sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales sobre la persecución de periodistas publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica, que en ninguna de las tres recomendaciones emitidas para la garantía del derecho a la libertad de expresión en México, se pronunció la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Dicho estudio realizado en colaboración con la UNAM, toma en cuenta cuatro de los casos expuestos como recomendaciones generales, emitidas en los años 2007, 2009, 2013 y 2016, de las cuales dos se basan en violaciones a la libertad de expresión; una en agravios, otra en agresiones, y otra por atentados contra la libertad de expresión en México.

A nivel general, la CNDH expuso que entre las cuatro recomendaciones, se comparten los siguientes argumentos: derecho a la seguridad personal, libertad de expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la vida, derecho al ejercicio de libertad de expresión, derecho a la integridad, derecho a estarinformados.

Y en ese sentido, las diferentes recomendaciones exigen a las autoridades fomentar en instituciones federales y estatales, principio de justicia, reparación de daño a periodistas agraviados, la garantía del derecho a la verdad, combatir la impunidad entre los casos, etcétera.

Dentro del análisis expuesto sobre la respuesta que se le dio a tres de las recomendaciones, la CNDH expuso que dentro de las recomendaciones generales que se hicieron a las autoridades sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de los periodistas, en Coahuila, los avances de la recomendación 17/2009, no fue respondida por el Gobierno Estatal, mientras que la 20/2013 y 24/2016, si fueron respondidas por esta oficina, pero nunca por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ni el Secretario de Seguridad.

FIJA POSTURA

En ese sentido, Luis Raúl González Pérez el presidente de la CNDH exhortó a las autoridades de los tres niveles, que aún  se encuentran en deuda, a dejar el “desdén” para atender las recomendaciones, y mostrar mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión.

Sin embargo, dicho estudio, reconoce que Coahuila cuenta con una unidad específica para denuncias de periodistas, así como con un mecanismo local para su protección como sucede con Campeche y el Estado de México.