Opinó que se trata de un acto de corrupción que amerita una investigación y sanciones a los responsables, pues aseguró que los recursos están en poder de la Secretaría de Finanzas de Coahuila tiene disponibles los recursos y no los ha destinado a los municipios.
“A todo mundo le queda claro que estos recursos son retenidos para ser utilizados temporalmente (jineteo) en necesidades propias del Poder Ejecutivo, contraviniendo la ley y de paso, el derecho de los ciudadanos de cada municipio a contar con todos los recursos financieros que su ayuntamiento pueda y deba ejercer en tiempo y forma”, explicó.
Cázares Martínez detalló que la retención indebida de los recursos vulnera los principios de Integridad de los Recursos Económicos Municipales y el de Reserva de Fuentes de Ingresos Municipales, contenido en la fracción IV del artículo 115 constitucional.
Por lo tanto, con la aprobación del punto de acuerdo, el Congreso del Estado solicitará a la Auditoría Superior en la entidad y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas que ejecuten una investigación sobre los motivos por los que se ha retrasado la entrega de las participaciones federales del 2016 y el 2017 a los municipios y sancione a los responsables.
“Al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya al Secretario de Finanzas a cumplir a la brevedad posible con la entrega de participaciones pendientes con los recargos e intereses que establece la ley, e implemente las acciones necesarias para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro y los recursos del rubro se entreguen en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable”, concluyó.