En un primer momento, los servidores públicos en Roma comenzaron robándose el ganado, poco después las propiedades y los bienes que pertenecían al Estado. A ese delito se le denominó peculado. La acción procede del concepto peculio y significa capital. Es el capital o los bienes del Estado que un servidor público haces suyos, defraudando la confianza de quienes le encomendaron un cargo determinado.

Hablamos de cualquier servidor público, desde acciones como las que cometió Hilario Ramírez Villanueva, el célebre Layín, exalcalde de San Blas, Nayarit, “que sí robó, pero poquito”; hasta las cometidas por personajes de alto calado, que en nuestro País nos sobran nombres para hacer una lista interminable.

Aunque sólo detenemos la mirada en presidentes, gobernadores, secretarios de gabinete, senadores, diputados o alcaldes, el tema tiene que ver con todo servidor público que, independientemente de su rango, hace uso de recursos públicos que tenían como objeto servir al bien común. El problema es que el asunto es cuantitativo, mientras más alto el puesto más abundante el monto. En ese sentido, la nota pendiente que tiene el Congreso, con respecto al fuero constitucional, será de vital importancia para determinar el nivel de igualdad ante la Ley que queremos seguir teniendo los mexicanos.

En el antiguo Estado romano y en el actual Estado mexicano, el peculado siempre será un menoscabo al dinero que los contribuyentes, cumpliendo con sus deberes –artículo 31 Constitucional–, ofrecen al Estado para subsanar su infraestructura en todos sus órdenes y un delito que requiere sanciones ejemplares para frenar la voracidad y la ambición de quienes han traicionado la oportunidad que el pueblo les ha dado para servirlo.

El peculado es un robo, aunque se esfuercen por llamarlo de otra forma. El robo es un delito tipificado en el artículo 367 del Código Penal Federal. El problema es que la modalidad de robo al erario público lo realiza una persona que ejerce una función pública y a la que se le ha encomendado la tarea de custodiar, gestionar y aplicar de forma correcta los recursos que se han obtenido por concepto de impuestos. Por eso es vital que paguen por la osadía de haber tomado para bien propio lo que no les pertenecía y que tenía otro objeto.

Se sanciona en el artículo 223 del Código Penal que afirma que “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, comete peculado. ¿Qué le falta a la Fiscalía General de la República para fincar responsabilidades a todos aquellos que se han dedicado a saquear, a enriquecerse y a disfrutar de los lujos que les dio haber atentado en contra de los dineros que son de todos?

Aunque se remarca –una y otra vez– en el discurso de la presente administración la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) –que es lo ideal– la confianza en éste gobierno, no vendrá por el nivel de discurso que emita el Presidente, sino por la eficiencia, el apego a la legalidad y la aplicación de la Ley que se haga de manera general, exigiendo al poder judicial que sancione ejemplarmente a quienes han tomado lo que no les pertenece burlándose de la población mayoritariamente pobre y desigual que conforma el País.

No basta con que los exservidores públicos declaren que han robado y que negocien con el Estado devolviendo lo robado o denunciado a sus cómplices porque ¿qué mensajes se envían a la población cuando no se aplica la Ley de forma imparcial para todos? Si un servidor público, cualquiera que sea su nombre o su color partidista, ha defraudado la confianza de la ciudadanía tiene y debe de pagar por ese delito. Esta práctica, al amparo de la impunidad, ha abonado el escenario de la corrupción. La ley debe de aplicarse parejo y sin distinciones porque es una forma también de asegurar el estado de derecho.

Efectivamente, muchos servidores públicos han defraudado a la sociedad enriqueciéndose groseramente, pero siempre serán insuficientes las penas en comparación con ver que la Ley se aplique en quienes –como en la Roma antigua– hayan robado un caballo o, como ha sido recurrente en México, miles de millones de pesos. Poquito o mucho, el peculado es un delito que requiere de castigos ejemplares. Así las cosas.