El Gobierno de la República puso en marcha ayer una página web para que las personas con al menos 60 años cumplidos se registren y puedan ser programadas para que se les aplique la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 a partir de una fecha aún no especificada.

Con independencia del dato anecdótico, relativo al hecho de que la página “colapsó” ayer a los pocos minutos de haber sido puesta en operación, debido a la abrumadora demanda de registros, varias cosas llaman la atención en relación con el “peculiar” proceso definido por el Gobierno Federal para organizar la vacunación.

En primer lugar está el hecho de que las personas deban registrarse -mediante la captura de su CURP, un número telefónico y su dirección- como requisito indispensable para ser vacunadas, pero que el registro digital no sea en realidad un mecanismo para obtener una cita, sino solo un instrumento para recabar datos personales.

Y es que de acuerdo con el instructivo revelado ayer, registrarse es apenas el primer paso para obtener una cita que llegará -eventualmente- mediante una llamada telefónica que hará un “servidor de la nación”, esa polémica figura cuya presencia no se entiende en las brigadas de vacunación creadas por la administración del presidente López Obrador.

¿Por qué es necesaria una llamada telefónica posterior al registro para conocer la fecha, lugar y hora a la cual debe presentarse la persona para que le vacunen? ¿No es mucho más fácil y eficiente que un programa computacional vaya asignando los lugares de acuerdo con un proceso automatizado?

La respuesta en este momento probablemente sea que, debido a que no se cuenta con las vacunas en todos los sitios donde teóricamente serán aplicadas no es posible asignar citas. Pero si a las personas se les está solicitando un número telefónico, ¿no sería más sencillo -e incluso mucho más barato- que un sistema de cómputo enviara mensajes de texto cuando las citas sean susceptibles de programarse?

Por otra parte, dado que es la población de 60 años o más la única que puede registrarse en este momento y es justamente este segmento el que tiene mayores dificultades para el uso de la tecnología computacional, ¿no habría sido preferible pensar en un mecanismo que no les exigiera a estas personas el registro electrónico?

¿Qué va a pasar con quienes, encontrándose en el grupo de edad referido, no se registren pero se presenten al puesto de vacunación más cercano a sus domicilios y exijan ser inoculados? ¿Se les rechazará? ¿Se les obligará a registrarse y regresar en una segunda ocasión para poder acceder a un derecho a pesar de su avanzada edad?

El burocratismo anunciado por el Gobierno de la República para vacunar a las personas no solamente obliga a cuestionar por qué se complica un proceso que constituye una estrategia de emergencia, sino que incrementa la sospecha en el sentido de que, en realidad, lo que se busca es lucrar electoralmente con la vacuna, algo que cada vez se antoja más creer.