Una de las prácticas más comunes que tenemos los seres humanos es la toma de decisiones. Estamos tomando decisiones constantemente. Pero hay una constante, las decisiones nos ponen frente a una realidad donde se ponen de manifiesto nuestra cosmovisión, principios y valores que evidencian quienes somos y de que estamos hechos.

¿Qué está en el fondo de las decisiones que tomamos?

¿Lo bueno, lo correcto o lo que debe hacerse? ¿Lo que se acostumbra hacer? ¿Lo que el grupo social del que somos parte aprueba? ¿Lo legal? ¿Lo que ordena la conciencia, aunque este mal formada? ¿El éxito conseguido? ¿O el hecho de que las consecuencias sean buenas para mí?

Algo que no falla cuando tomamos una decisión es el apego a la ética. La ética nada tiene que ver con la moral, la religión, la psicología, la emotividad, el romanticismo o lo legal. La ética tiene que ver con lo justo. Porque la ética y la justicia son consubstanciales. Tiene que ver con las normas establecidas, con los acuerdos, los protocolos, los reglamentos, las directrices, en síntesis, con los valores básicos que compartimos.

Y así nos vamos a encontrar que la ética, esa que dicen que es etérea y abstracta, se trasluce en lo medioambiental a través de los protocolos y acuerdos como el de Kioto, el de Montreal, Copenhague o París. En los negocios, el Global Compact, el Fair Trade, el Caux Round Table o los tratados comerciales que México ha firmado con cualquier cantidad de países, en el tema de la vida y la tecnología en el Informe Belmont, entre otros.

En lo que respecta a la justicia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales que de ella se derivan a nivel internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel local, son nuestros mínimos de convivencia. Así, toda normatividad en cualquier dimensión de la vida humana es una expresión de la ética.

Pongamos como caso la lamentable y complicada situación que vive el pueblo venezolano. Aquí la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia han salido del escenario político y social para darle paso a la fuerza, a la violencia y al caos. Dos presidentes, 5 mil personas que salen diariamente buscando mejores condiciones de vida.

¿Cuál sería la postura adecuada? ¿Qué es lo correcto?

¿La de los Estados Unidos y su práctica intervencionista, que tiene como base la doctrina del Destino Manifiesto y el poner la mirada de ordinario en países petroleros? ¿La de algunos países latinoamericanos que no pueden distanciarse de las políticas norteamericanas por razones de dependencia y apoyan el triunfo electoral de Juan Guaidó? ¿La de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bolivia que apoyan la presidencia de Nicolás Maduro? o ¿La de la Unión Europea, México y Uruguay?

¿Qué dicen los mínimos de convivencia internacional establecidos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos no aborda el tema de forma directa; sí los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que celebraron en Nueva York en 1966, en el artículo primero.

En México, el artículo 89 Constitucional, fracción X determina los principios normativos que ha de guardar el País, donde sobresale el principio de autodeterminación de los pueblos; la no intervención y la solución pacífica de controversias, entre otros.

Sin embargo, al inicio de este siglo, la comunidad internacional creó el principio de “Responsabilidad para Proteger” (R2P), que establece la posibilidad respecto a la intervención de otros países cuando hay graves violaciones a los Derechos Humanos y ataques en contra de la población civil.

Después de ver las referencias argumentativas ¿Cuál es su postura? ¿Está apegada a los acuerdos y protocolos? ¿O tiene que ver con sus gustos o preferencias?

La cancillería mexicana ha permanecido neutral. Sin embargo, el abstenerse de estar a favor o en contra y la sugerencia de optar por el diálogo y la negociación inmediata, nos guste o no, es lo más apegado a los acuerdos establecidos. Mientras tanto, 31 millones de personas permanecen en medio del conflicto.