La policía en México está conformada por mujeres y hombres dispuestos a exponer la vida para proteger a la población. Pero si estos servidores públicos no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar su seguridad personal, ¿cómo esperar que cumplan con su función?

Los recientes hechos ocurridos en el estado de Chihuahua, como el ataque al director de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, el doctor Efrén Peñaflores Rodríguez, y su escolta Leobardo López Rivera; y en Ciudad Juárez, el homicidio del jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Adrián Matsumoto Dorame, representan una de las expresiones más lamentables de la violencia en nuestro País.

Los policías cumplen una función social de gran importancia: así como atienden a una persona víctima del delito o se enfrentan con personas que han violentado las normas, también orientan a la población e incluso atienden urgencias, como nacimientos. Esto a pesar de sus deficiencias, con preocupantes niveles de corrupción que obedecen a patrones institucionales, con falta de equipamiento y, a veces, con falta de capacitación técnica adecuada.

El Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde) desarrolla proyectos de reforma policial en las dos instituciones cuyos mandos sufrieron ataques, así que además de acabar con la vida de tres personas y otras decenas de integrantes de policías, hechos como éste vulneran gravemente la sostenibilidad de procesos de Reforma Policial Democrática que, de acuerdo a la experiencia internacional, empieza en el ámbito local.

La semana pasada, académicos y organizaciones de sociedad civil de todo el País hicimos un pronunciamiento sobre los lamentables hechos ocurridos en el estado de Chihuahua. Quienes firmamos, consideramos de vital importancia garantizar la seguridad de los cuerpos policiales en los tres niveles para que puedan cumplir dignamente con su función.

Aunque parezca contradictorio es posible garantizar la seguridad de quienes deben velar por nuestra seguridad si fortalecemos las instalaciones y les dotamos de las herramientas necesarias para ejercer su función.

En este espacio extendemos el llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y, en su caso, a la Fiscalía General de la República, que estos delitos no queden impunes, que sean sancionados conforme a derecho, y al Gobierno Federal y gobiernos estatales y municipales que se garanticen las condiciones de seguridad para que las y los agentes de policía de todo el País puedan cumplir dignamente con su función. Asimismo, que se garantice que sus familias no queden desprotegidas; que a la invaluable pérdida que enfrentan no se sume el abandono del Estado al que sus familiares sirvieron.

Hacemos un llamado también a la comunidad para que juntos acompañemos con participación ciudadana la labor policial y la prevención del delito. Como ciudadanos tenemos el poder de hacer grandes cambios si trabajamos de forma articulada para mejorar las condiciones de seguridad en el País.

Miguel Garza / Coordinador de Investigación Aplicada en Policías en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. - Insyde

Araceli Ávila, Investigadora en Migración y Derechos Humanos en Insyde

Ambos son investigadores de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal, Red SJP.

Si usted desea manifestar su opinión ciudadana en este espacio, envíenos sus datos de contacto a: opinionciudadana@ccic.org.mx