Madrid. A menos de 24 horas de que se cumpla el primer plazo fijado por el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, para que aclare si declaró o no la independencia, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, apeló al “pacifismo, el civismo, la serenidad, la democracia y la paz” para afrontar la crisis que se vive en la región.

El mandatario catalán realizó una declaración institucional en la que no admitió preguntas, con lo que no reveló ningún detalle sobre la respuesta que tendrá que dar en breve al Estado español.

El presidente catalán recibe presiones desde todos los frentes; sus aliados, el bloque separatista, para que declare ya y sin dilación, la secesión, desde las fuerzas unionistas para que abandone su proyecto independentista y recupera la senda de la autonomía y el diálogo con ellas. Y, por último, del gobierno español, que lanzó un ultimátum el pasado miércoles en el que le instó a responder con un “sí” o un “no” si había declarado la independencia en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre. Si la respuesta es “sí” se activará sin mayor dilación el artículo 155 de la Constitución y quedará suspendida la autonomía de Cataluña.

Pero además de las presiones en el terreno político catalán y español, Puigdemont ha tenido sobre todo grandes exigencias desde el área empresarial y económica de la región, que reclaman claridad y que se han manifestado abiertamente en contra de una declaración unilateral de independencia y en las condiciones en las que se ha desarrollado esta.

De hecho, en las últimas semanas se ha registrado en la región un fenómeno que ha provocado nerviosismo y malestar en las filas separatistas: más de 500 empresas han cambiado su domicilio social de Cataluña ante el temor a una secesión unitaleral, entre las grandes y más importantes empresas en la historia de la región, como Banco Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Catalana Occidente, Aguas de Barcelona y Applus, entre otras.

A las presiones empresariales se sumaron en los últimos días la preocupación hecha pública por las máximas autoridades de la Unión Europea, entre ellos el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, quien afirmó esta misma semana que no reconocerán ni apoyarán ni mediarán en una Cataluña independiente y en su conflicto con el Estado español. Y reconoció que el escenario que abría Cataluña, de que se iniciará un proceso similar en otras regiones europeas, no le gustaba nada: “No quiero una UE de 98 naciones, sería ingobernable”, reconoció.

Con estas presiones y tomas de posición, el presidente Puigdemont se enfrenta a una semana crucial para el futuro del proceso independentista que ha liderado en los últimos tres años. Este lunes tendrá que responder al requerimiento del gobierno español. Si no lo hace, el presidente Rajoy le enviará otro requerimiento vía boro-fax para que responda como límite el próximo jueves. Si no lo hace el gobierno asumirá que la respuesta es afirmativa y que el gobierno catalán declaró la independencia unilateral. Y ahí se abrirá un nuevo escenario, nuevo para todos.

Puigdemont aprovechó el homenaje al presidente catalán Luis Companys, que fue fusilado por las tropas franquistas al final de la Guerra Civll, para hacer una declaración institucional en la que no admitió preguntas y en la que tampoco dejó entrever cuál será su posición en la inminente respuesta a Madrid, y de la que depende todo el proceso de secesión.

“El president Companys fue fusilado por ser presidente. Fue víctima de un combate muy desigual entre legitimidad y dignidad democrática, e ilegitimidad y bajeza del fascismo amparado en la fuerza del Estado. Cuando se supone que 77 años después ha caducado aquella legalidad franquista que permitió la ejecución de Companys, su figura no ha recibido del trato del Estado que se merece”, lamentó. Y añadió que a Companys lo asesinaron "en nombre del orden y la legalidad establecidos en un combate muy desigual entre la legitimidad y dignidad democráticas y la ilegitimidad y bajeza del fascismo amparada en la fuerza del Estado”.