Durante su participación en el “VIII Foro de la Democracia Latinoamericana”, el pasado viernes 13, uno de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene la calificación de los comicios de Coahuila en su escritorio, José Luis Vargas, espetó una frase que mueve a reflexión: “las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales”.

Pareciera una verdad de Perogrullo como que dos más dos son cuatro; sin embargo, se trata de un dicho populista con poco sustento legal. Un lugar común. Además prejuzga –su voto a favor de confirmar la elección de Gobernador en el Estado, por ejemplo– con un argumento que se parece mucho a lo señalado en su día por Miguel Riquelme: “no permitiremos que unos cuantos quieran distorsionar en la mesa lo que se ganó en las urnas. Las elecciones se ganan con votos” (Multimedios, 09/07/17).

Entre ambas expresiones hay una correlación inquietante. Por lo demás, si en “las mesas de los tribunales” no se restituyen los derechos políticos violados, ¿para qué existen entonces?

Mencionaré al respecto una serie de 15 razones (sólo ésas, por cuestión de espacio) que desmienten su hipótesis: en Coahuila las elecciones no siempre “se ganan en las urnas”.

1. Rodrigo Fuentes, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, fue sorprendido en un audio difundido el 23 de diciembre de 2016 por el periódico El Norte pidiendo a sus subordinados indebido e ilegal apoyo hacia Riquelme.

2. Gobierno del estado a través de la Unidad de Comunicación Social pagó una evidente publicidad disfrazada de promoción turística para difundir Torreón –y particularmente las obras construidas durante la gestión de Riquelme– en los 60 días de campaña electoral.

3. Cuatro de siete consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC): Gustavo Espinosa, Alejandro González, Gabriela de León y María de los Ángeles López, han sido exhibidos en algún momento por su vinculación con el PRI-Gobierno.

4. Dos de tres magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila: Valeriano Valdés y Elena Rivera, están condicionados por los contratos que facturan sus hermanas con los Gobiernos estatal y federal del PRI.

5. Agentes externos a los funcionarios de casilla boicotearon el 4 de junio centros de votación ubicados en espacios públicos, ocasionando un retraso de dos horas en apertura de casillas (lo cual inhibió la votación por consecuencia).

6. Un 23 por ciento de los paquetes electorales (dos mil 524) fueron trasladados por mecanismos no previstos por el INE –incluyendo a empleados del Ayuntamiento de Torreón– pese a que se invirtieron 778 mil pesos para ello.

7. Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia participaron como representantes del PRI en cómputos de Saltillo, en día y hora laboral (7 de junio).

8. Fue saboteado el PREP de Coahuila como afirmó el INE el 22 de junio, se detuvo, y dejó de contabilizar una tercera parte de sufragios a pesar de que costó 9 millones 229 mil pesos hacerlo funcionar.

9. Hubo un Conteo Rápido “atípico”, como lo calificó el propio Consejo General del INE (Reforma, 12/06/17).

10. Las declaraciones de la Presidenta del IEC (“el fraude es un argumento que quedó superado y ya quedó demostrado que no fue cierto”, “son leyendas urbanas”) pusieron en riesgo el principio de certeza.

11. Dentro de la fiscalización de los gastos de campaña se descubrió una factura pagada por el Gobierno del estado a la campaña del PRI y, aunque ésta se “canceló”, es un indicio determinante. 

12. La principal oferta de campaña de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”: “Mi Monedero Rosa”, fue sancionada como “gasto indebido”, ilegítimo e inválido.

13. Las presidencias de siete consejos municipales del IEC (Abasolo, Piedras Negras, Lamadrid, Monclova, Villa Unión, Viesca y Saltillo) fueron encabezadas por militantes del PRI.

14. Una estructura paralela al PREP operó para el PRI en las propias oficinas del Instituto Electoral de Coahuila, montada por empleados de “Soporte” de la Secretaría de Finanzas.

15. La epidemia de noticias falsas difundidas en internet y redes sociales durante la etapa de veda electoral (del 1 al 4 de junio), como la detención en Saltillo de supuestos camiones con dinero en efectivo procedentes de estados gobernados por el PAN (Durango y Tamaulipas, concretamente), rompieron la neutralidad que debe prevalecer en la contienda.

Cabe señalar que no son eventos aislados, sino una serie de actos concatenados entre sí. Todo suma.

CORTITA Y AL PIE 
Y eso que, deliberadamente, no incluí el rebase de gastos de campaña: agravio que ha monopolizado la agenda pública de los últimos tres meses.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 
Si lo anterior no constituye una “Elección de Estado”, no sé qué pueda serlo.
La mala noticia, sin embargo, es que debe calificarla el mismo Estado. La buena, en cambio, es que las instituciones no tienen defensa contra la presión social.

La fecha límite se acerca. Quedan, como plazo máximo, 45 días para que resuelva el Tribunal Electoral y un lapso similar para que concluya el sexenio. Allá usted si permanece apático y en la dejadez.

@luiscarlosplata