Madrid. Después de que el pasado viernes les tomó declaración por primera vez, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenó mantener en prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y a los dos dirigentes civiles del movimiento separatista catalán Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. En el mismo auto también otorgó la libertad bajo fianza de 100 mil euros (dos millones 400 mil pesos) para seis ex consejeros del gobierno catalán que fueron encarcelados el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Bajo el argumento de que hay riesgo de “reiteración delictiva”, el juez Pablo Llarena, que fue el mismo que ordenó la libertad bajo fianza para los cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán que también están siendo procesados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, ordenó que se mantenga en prisión incondicional y de manera cautelar a los cuatro líderes catalanes señalados.

En este caso se mantiene la prisión para cuatro figuras muy destacadas del independentismo catalán y que han sido muy activos en los últimos años en la puesta en marcha del proceso separatista que aspiraba a la secesión unilateral del Estado español. Junqueras, además de ex vicepresidente es el máximo dirigente de la formación política Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que a su vez aspira a convertirse por primera vez en sus más de 80 años de historia en la fuerza hegemónica en Cataluña en los comicios del próximo 21 de diciembre. Su lugar de momento lo ocupa la que fuera su mano derecha en el partido, Marta Rovira, pero en su formación y en el independentismo catalán Junqueras es una referencia esencial de cara al futuro.

En el caso del ex consejero de Interior, Joaquim Forn, se trata de un político que tuvo un papel protagonista en el referendo de independencia del pasado 1 de octubre y en la crisis institucional que se abrió con el Estado español, al ser el responsable último de la actuación de la policía catalana y también responsable de la seguridad de los inmuebles del Estado. Su trayectoria política está más vinculada al nacionalismo conservador de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), ahora convertida en el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y que tiene como líder indiscutible al ex presidente catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde finales de octubre y a la espera de que el juez decida sobre si accede o no a la petición de entrega realizada por la justicia española.

En el caso de “los Jordis”, se trata de los líderes sociales de referencia del movimiento separatista, uno desde la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el otro desde la plataforma separatista Òmnium Cultural. Sánchez y Cruixart llevan más tiempo que ninguno en prisión, al ser trasladados a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real el pasado 16 de noviembre acusados del delito de sedición por su supuesta vinculación a una serie de actos de sabotaje contra la justicia y la policía española en unas movilizaciones registradas el pasado 16 de septiembre.

En su auto, el juez Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de la ex presidenta del Congreso catalán Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. “El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”, señala en el auto.

Para el resto de ex consejeros encarcelados -seis, de los cuales dos son mujeres y cuatro hombres-, se está a la espera que depositen el dinero para su puesta en libertad. Las fianzas las pagará la ANC con el dinero que ha recaudado con actos de solidaridad y con donaciones de la propia sociedad catalana.