CDMX.- La iniciativa en materia de justicia que se ha ventilado de manera informal “es una legislación regresiva, con despropósitos, que de aprobarse por el Congreso de la Unión nos llevaría gravemente a la situación vigente en la década de los setentas, de la Guerra Sucia en México”, afirma Ignacio Morales Lechuga, exrector de la Escuela Libre de Derecho.

El también exprocurador General de la República y del Distrito Federal  señala que ese proyecto, muy difundido, aunque anónimo, refleja “la desesperación de un gobierno rebasado por la violencia y el delito, porque no le ha funcionado el sistema de ‘abrazos, no balazos’, ni amnistía, perdones, olvidos”.

El exembajador en Francia y expresidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal señala que se pretende crear una “excepción general” que al gobierno federal le dé mano dura contra la delincuencia y una libertad de actuar por encima del  ciudadano. “Eso es lo peligroso”.

Morales Lechuga, en entrevista en su oficina, previene que “hay materia suficiente para que en el dictamen [en el Senado] se tenga cuidado, ya que el gobierno es poco cuidadoso de las libertades ciudadanas y los derechos humanos”.

¿Cuál es su consideración respecto a las  versiones de reforma que han circulado?

— Lo que hoy muchos criticamos es una legislación regresiva, con despropósitos, que de aprobarse por el Congreso de la Unión nos llevaría gravemente a la situación vigente en la década de los setenta, la época que todo mundo ha criticado, la llamada Guerra Sucia en México.

¿Focos rojos?

— Hacer a un lado a los jueces de Control, porque el MP o el fiscal adquieren fuerza desproporcionada, sin equilibrios, prácticamente, y el fiscal puede decretar detención por 48 horas, un arraigo por 40 días, iniciar el proceso, obviamente sin la intervención del juez de Control.

No hay un tamiz que verifique la calidad de las pruebas, del procedimiento, la conformación del tipo o cuerpo del delito, no hay una oportunidad para que la defensa tenga tiempo suficiente para razonar, reflexionar y, en su caso, contrarreplicar o anular las pruebas del fiscal.

No hay un sistema adversarial, no hay igualdad en el procedimiento; otra vez el fiscal se vuelve a colocar por encima de todos; el juez, frente a esta nueva legislación, está facultado para decidir si acepta pruebas obtenidas, incluso, bajo tortura.

Intervenciones telefónicas, dichos de terceros, todo lo que pueda ser un indicio o evidencia aun obtenido de manera ilícita, el juez puede,  de alguna manera, validarlo.

Esto sería volver al sistema anterior a Florence Cassez, puesta en libertad por violación al debido proceso.