La reforma de la Ley Federal del Trabajo ha obligado al SNTE a modificar sus reglamentos y estatutos, lo que ha retrasado el proceso de renovación de sus dirigencias, que en Coahuila “están a la vuelta de la esquina”.

Carlos Moreira, secretario de Educación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, reconoció que tales cambios a la legislación federal han obligado a reformas o modificaciones a la normatividad interna del sindicato magisterial.

Esto, añadió, ha impactado no solo a las secciones de Coahuila —como la 5 y la 38—, sino a las de todo el país.

Como se sabe, entre otros aspectos, la reforma permitirá que cada trabajador elija de manera individual, libre, secreta, y directa el sindicato de su elección, sus líderes y contratos, eliminando las votaciones, que en el caso del magisterio, se hacían por delegados, que representaban los votos de los trabajadores, sin que éstos pudieran votar de manera directa.

Igualmente, obliga a las dirigencias sindicales a rendir cuentas sobre el manejo financiero de los fondos recibidos, entre otros deberes.

“Ahorita estamos en ese espacio de tiempo donde se está elaborando una propuesta que se va a presentar ante la Secretaría del Trabajo y si es aprobada, ya sabríamos cuáles son la reglas”, dijo.

“En sí lo que todos sabemos es que va a ser voto universal… pero todas esas condiciones están haciendo que se retrasen los movimientos a nivel nacional, no solo a nivel Coahuila”, añadió.

Descartó que haya resistencia del sindicato para aplicar las reformas legales en sus procedimientos de selección.

“No es lo mismo un sindicato como el nuestro, que tiene millón y medio de trabajadores, que otros sindicatos muchos más pequeños”, refirió el mando sindical nacional.

Dijo que por todo esto se vuelve compleja la aplicación de las nuevas reglas, las que deberán de regir ya en el próximo cambio de mandos en el caso de Coahuila, en las secciones 5 y 38.

Moreira informó que para el mes de marzo de 2020 deben de hacerse los cambios de dirigencia en la entidad, pero que puede otorgarse un plazo de gracia para dar oportunidad de adaptar y aplicar los cambios en la ley.