Entre 2014 y 2016 el Gobierno de Baja California asignó 655 millones 614 mil pesos en obras para la Baja California Rail Road (BCRR), una máquina privada que avanza a todo vapor con dinero público.
 
Además, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) comprometió al menos 107 millones más para 2017, reveló Newsweek en Español Baja California en un extenso reportaje titulado “El Oscuro Contrato del Tren”.
 
La revista señala que BCRR es la empresa que opera la vía del tren que cruza Tijuana y que el Gobierno estatal promueve como uno de sus proyectos estratégicos.
 
Y con ello se tratan de justificar las asignaciones de recursos del erario a una compañía privada. Actualmente, el dinero para arreglar rieles y construir edificios viene —en su mayoría— del Gobierno federal.
 
En total, la administración estatal invirtió casi 800 millones de pesos que benefician el negocio de Fernando Beltrán, un empresario boxístico y amigo del gobernador de Baja California, Francisco  Vega de Lamadrid, “Kiko” Vega.
 
La historia de la línea ferroviaria entre Tijuana y Tecate es desde su inicio a principios del siglo pasado una promesa de progreso. Hoy está plagada de irregularidades, sospechas de favoritismo entre empresarios y políticos. Y también de riesgos.
 
Los conflictos actuales empezaron desde el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, y durante el mandato de su sucesor, Vega de Lamadrid, lejos de resolverse, se acentuaron.
 
“La empresa fue creada en 2011 y Fernando Beltrán Rendón la compró en 2014, convirtiéndose así en su principal accionista. Seis meses después comenzó una inyección de recursos gubernamentales que no tiene precedentes”, sostiene el reportaje.
 
La autoridad pregona los supuestos beneficios que la rehabilitación del ferrocarril traerá a la entidad, pero se niega a revelar las condiciones del contrato que la paraestatal Admicarga tiene con la empresa.
 
Newsweek en Español Baja California solicitó, a través del órgano de información pública, copia del acuerdo entre BCRR y Admicarga. Respondieron que no había tal.
 
El mismo Gobernador, quien a solicitud expresa respondió que gestionaría la entrega de información, terminó por excusarse con un argumento legal para no cumplir su promesa.

MÁQUINA DE IRREGULARIDADES

Admicarga es la paraestatal del gobierno de Baja California que administra la vía corta Tijuana-Tecate, 71.4 kilómetros que empiezan a un lado de la garita de San Ysidro y regresan a Estados Unidos por Campo, California.
 
Es una asignación de la Federación que le permite contratar a terceros para la explotación y mantenimiento de la vía.
 
Inicialmente Admicarga cobraba las facturas y se quedaba con el 20 por ciento de las ganancias por el traslado de mercancías. Ahora, quien factura es la empresa de Beltrán y le entrega solo el 7 por ciento a la paraestatal.
 
La Órgano de Fiscalización del Congreso estatal, BCRR no ha cumplido obligaciones a las que se comprometió; con todo, desde hace tres años, no ha habido sanciones para Admicarga, ni medidas para subsanar esas fallas.
 
El compromiso de BCRR, en su contrato firmado en 2012, era invertir 20 millones de dólares en cuatro años, dice el documento.
 
En contraste, para 2016 la compañía movió millones de dólares de mercancías con una mínima inversión, y la única evidencia de inversión efectuada por el empresario asciende a 28 millones 379 mil 566 pesos, entre 2015 y 2017. Eso equivale a menos del 5 por ciento de lo que le dio el Estado.

RELACIONES PROVECHOSAS

La versión de BCRR es distinta. Sus directivos destacan los beneficios que traerán a la región.
 
“Es el proyecto de desarrollo económico más grande y más impactante que tenemos en toda la región porque tiene que ver con consolidar la industria maquiladora y ampliar las capacidades en el tema automotriz”, dice el diputado federal panista, Jorge Ramos Hernández.
 
Beltrán Rendón ha representado a campeones como Érick “El Terrible” Morales, y a Julio César Chávez en sus últimas peleas. En lo político es conocida su cercanía con el gobernador Vega, por eso muchos lo asocian con gobiernos panistas.
 
—¿Le ha servido para hacer crecer sus negocios? —se le pregunta.
 
—No, definitivamente no. Creo que mi trabajo habla por mí mismo, y mi actividad está más que validada. Más que validada, está más que vista —responde.
 
—¿Hace falta más dinero público para impulsarlo?
 
—No, ya no. Yo creo que lo que hace falta es consolidarnos en la vía nacional para poder tener acceso a créditos.
 

GANANCIAS EN EL HORIZONTE

La ferroviaria del también fundador de la firma de promociones boxísticas Zanfer se ha preparado para sacar más provecho de la vía del tren, y ahora planea beneficiarse con la reforma energética.
 
Actualmente el tren mueve sobre todo gas LP que reparte en tres puntos a lo largo de su recorrido por la zona urbana de Tijuana. Pero también quiere transportar gasolina, diesel y turbosina.
 
La Comisión Reguladora de Energía autorizó en junio pasado a BCRR la transportación de los combustibles, y la compañía estima que moverá 20 millones de litros al mes en 200 furgones.
 
Sin embargo, nadie ha expresado públicamente el riesgo de que aumente el transporte de materiales peligrosos a través de la ciudad, pese a que en el pasado, el ferrocarril tuvo accidentes y volcaduras.
 
“En su trayecto cargado con combustible y materiales peligrosos, el tren también pasa cerca de escuelas, edificios gubernamentales, una unidad deportiva y zonas habitacionales”, indica Newsweek.
 

CONTROVERSIAS EN EL LIMBO

En 2008 comenzó un conflicto entre Admicarga y la empresa “Carrizo Gorge Railway”, la firma estadounidense que había explotado la vía desde 2001.
 
Documentos oficiales de la Legislatura local consignan que el gobierno de Osuna Millán la acusó de incumplimiento de contrato e interrumpió el tránsito por la vía.
 
Ante eso, la empresa acudió a los tribunales por el pago de servicios, pero hubo otro pleito más importante, que fue por la suspensión del contrato cuando le quedaban varios años de vigencia.
 
Hay documentos que señalan que no hubo licitación para entregar el contrato a BCRR, que en aquel entonces era propiedad del empresario gasolinero Dimas Campos Santiesteban.
 
TREN DE IRREGULARIDADES

El Congreso de Baja California descubrió en 2015 que el contrato firmado tres años antes fue irregular, según información que se obtuvo mediante la revisión de documentos públicos y otras solicitudes de transparencia.
 
Con dinero recibido en 2014, el gobierno construyó por ejemplo las oficinas de Admicarga junto al cerco fronterizo, a un lado de la garita de San Ysidro.
 
Se trata de un inmueble que terminó como sede de la compañía de Fernando Beltrán. No paga renta y solo abona capital para cubrir ciertos servicios de sus empleados como agua, luz e internet, de acuerdo con funcionarios estatales consultados al respecto.
 
Con los fondos públicos también repararon 2.5 kilómetros de vía, construyeron un centro de transferencia, reconstruyeron un túnel, triplicaron la capacidad de almacenaje de vagones y modernizaron el puente Arroyo-La Encantada.
 
Estas obras están en el único contrato que SIDUE transparentó mediante solicitudes de información. En ello se invirtieron casi 200 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 
NEGOCIOS COLATERALES

La licitación de las obras para mantenimiento de la vía que debió hacer BCRR la ganó una alianza de tres empresas: Comercializadora Edifícate S. A. de C. V., Nexum Rail, S. A. de C. V. y Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S. A. de C. V.
 
Con 18 obras para el Gobierno estatal en tres años, Comercializadora Edifícate obtuvo casi 696 millones de pesos. La empresa forma parte de Grupo Melo, consorcio de empresas constructoras que ha realizado varias obras públicas, y es conocida por el desarrollo de vivienda.
 
De las tres empresas que ganaron la licitación, únicamente Nexum Rail tiene antecedentes de conocimiento y trabajo en el sector ferroviario.
 
Además, SIDUE violó la ley de obra pública porque al otorgar obras es una obligación de ley no adeudar impuestos para firmar contratos de obra pública.
 
Otro aspecto es que el pago por anticipo de obra fue entregado con una celeridad poco común, y aunque tal rapidez se ve cuando se trata de obras de emergencia, este no era el caso.
 
Manuel Guevara Morales, titular de SIDUE, asegura que el anticipo, equivalente a 30 por ciento del costo de la obra, puede tardar hasta un mes.
 
Pero eso no sucedió en esta ocasión. El contratista emitió su factura un día antes de firmar el contrato. Y unas cinco horas después de la firma recibió una transferencia electrónica por 58.5 millones de pesos.
 
Los trabajos, no obstante, iniciaron 23 días después de la fecha pactada para el arranque de la construcción.
 
En febrero de 2017, Newsweek en Español Baja California reveló que las obras que endeudaron el Estado con más de 82 mil 500 millones de pesos fueron autorizadas por siete funcionarios cercanos al Gobernador.
 
 

EL FACTOR EXTRANJERO

La vía corta Tijuana-Tecate por sí sola no lleva a ningún lado, pero su valor radica en formar parte del sistema ferroviario de Estados Unidos.
 
Además de su conexión con San Ysidro, California, en un extremo se enlaza con la llamada Línea del Desierto, 112 kilómetros que van de Campo, California, hasta Plaster City.
 
La compañía del empresario Fernando Beltrán obtuvo en marzo de este año la licencia para operar esa línea en el este de Estados Unidos.
 
Los representantes de BCRR estiman que necesita una inversión de entre 70 millones y 80 millones de dólares para su rehabilitación, pero pese a que el gobierno estadounidense respalda la modernización de la vía ferroviaria, ha establecido que no debe invertir recursos públicos en ella.
 
 La expectativa es que la vía facilite la importación y exportación de productos, principalmente con Estados Unidos. Lo que, según los promotores, generaría una mayor producción, más empleos y un aumento en la atracción de inversiones.
 
Sin embargo, no hay nada que se exporte de Tijuana o de la zona económica de Baja California por ferrocarril. La razón es el alto costo de la tarifa que no permite competir con los camiones.
 
Además, un furgón del ferrocarril puede trasladar el equivalente a cuatro camiones de carga.
 
El gobierno de Baja California está facilitando las cosas porque confía en que la vía, con otras obras de infraestructura como el aeropuerto de Ojos Negros y la ampliación del Puerto El Sauzal, puede detonar la economía de la región.
 
Tan es así que el gobernador promueve un nuevo tramo de ferrocarril para conectar la vía corta con la modernización de ese puerto.
 
El proyecto es sumamente costoso y tiene sus riesgos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisa la propuesta, y estima que construir un kilómetro de vía cuesta 2 millones de dólares.
 
La duda es quiénes serían realmente los que ganarán con la modernización del tren.
 
—Da la impresión de que el dinero público está beneficiando a la empresa de Fernando Beltrán —se le cuestiona al gobernador.
 
—Yo ni se la di, ni se la vendí, ni absolutamente nada que ver. Yo un día me enteré por Fernando: “Oye, ¿sabes qué, gobernador? Te voy a decir algo. Acabo de comprar acciones en la concesión de la vía corta” —cuenta.
 
“Créanme ustedes”, concluye, “créanme ustedes, el dinero público que se le pueda meter, bien vale la pena”, asegura.
 
El Gobierno del Estado ha sido muy solícito entregando recursos públicos para las obras que beneficiarán la explotación de la vía corta y ha facilitado el camino para el negocio ferroviario de su amigo Fernando Beltrán. A toda máquina.

Newsweek en Español Baja California