Las lluvias que ayer se registraron en la región, producto del arribo de la tormenta tropical Hanna, le entregaron a Saltillo un indeseable regalo de cumpleaños: las recurrentes inundaciones que afectan a cientos de habitantes del norte de Saltillo. Las escenas que circularon en redes sociales durante todo el día retrataban no solamente los daños materiales causados, sino incluso el terror vivido por muchas personas.

No es ninguna novedad que esto pase en la mancha urbana de la capital coahuilense, pero no por ello puede dejar de reseñarse y, menos aún, de reiterar el señalamiento de una de sus causas principales: el desarrollo inmobiliario irregular de nuestra mancha urbana.

Y por irregular debemos entender lo que han señalado en múltiples ocasiones muchas voces especializadas: la existencia de vínculo de connivencia entre autoridades municipales y desarrolladores inmobiliarios para realizar obras que impiden la circulación natural del agua de lluvias o que no se encargan de su contención adecuada.

¿Por qué se ha permitido, reiteradamente, que los desarrollos inmobiliarios bloqueen el cauce de los arroyos que conducen el agua de lluvias desde siempre? ¿Quiénes se han beneficiado económicamente con estos proyectos a costa de la seguridad de muchas familias y el traslado de costos a los contribuyentes de la ciudad?

Estamos hablando, hay que decirlo con todas sus letras, de corrupción, porque no estamos aquí ante “errores” o actos “inocentes” de funcionarios públicos y empresas privadas, sino de proyectos que han sido observados una y otra vez pero que, pese a los señalamientos respecto de su inconveniencia, fueron llevados adelante.

Incluso, como lo han señalado diversos especialistas en el pasado reciente, era posible desarrollar esos proyectos tal y como se llevaron a cabo, pero obligando a los promotores de los mismos a invertir en obras para garantizar el adecuado manejo del agua de lluvias como serían los pozos de control o la designación de mayores áreas de absorción.

Este tipo de medidas podrían incluso realizarse ahora, tras quedar en evidencia los errores iniciales de planeación de múltiples fraccionamientos residenciales, pero para ello haría falta que las autoridades asumieran la responsabilidad de actuar conforme a sus atribuciones.

¿Cuántos fenómenos meteorológicos más hacen falta para que lluvias como las del pasado fin de semana provoquen a nuestras autoridades a hacer algo más que asumirse como espectadores impotentes de esta realidad que seguirá repitiéndose mientras no se haga nada?

Sería de esperarse que el Gobierno de la Ciudad -y el del Estado- asumieran sin dilación el reto de corregir esta situación de una vez por todas, pues resulta intolerable que sean los ciudadanos los que paguen los platos rotos de una fiesta a cuya mesa se han sentado unos cuántos que hoy disfrutan de las ganancias económicas que el desarrollo urbano irregular les ha proporcionado.