A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los cargos adicionales por los servicios médicos en las clínicas del Magisterio, las carencias en medicamentos y las deficiencias en la atención se agravaron en estos últimos días, denunció José Luis Anzures, dirigente de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila.

 

Explicó que el gremio magisterial se congratuló por la decisión del máximo órgano del Poder Judicial Federal, porque los profesores ya no tendrían que pagar por servicios médicos, fármacos y exámenes de laboratorio, pero ahora la crisis en las clínicas magisteriales se ha agravado, con el pretexto de la falta de recursos para costear la atención.

 

La decisión de atender a los derechohabientes en los Centros de Salud Pública o en los Hospitales Generales del Estado, por la vía subrogada, no asegura la solución al problema de salud de los maestros, porque tales nosocomios tienen más carencias que el propio Instituto del Servicio Médico al que pertenecen.

 

“Todo mundo sabe que las causas del mal servicio médico que reciben los profesores son las irregularidades administrativas y las deudas que tienen los patrones”, subrayó.

 

Manifestó que las denuncias penales presentadas por la propia Auditoría Superior del Estado, señalan un presunto daño de más de mil 300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social del magisterio; sin embargo, nada se ha informado de las investigaciones en torno a estas denuncias.

Por otra parte, los informes oficiales refieren las grandes cantidades que adeudan el Estado, la UAAAN y la UAdeC desde la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) que, al cierre del primer trimestre de 2020, ascienden a más de 760 millones de pesos.

 

Señaló que el mayor adeudo es del Estado con más de 550 millones de pesos, en tanto, la UA de C debe unos de 160 millones, la UAAAN 20 millones y la DIPETRE tiene cuentas por cobrar por más de tres mil 439 millones de pesos de diversos aportantes obligados.

 

Preocupa e indigna también la insistencia de las autoridades y dirigentes sindicales del SNTE, al señalar que los trabajadores y los jubilados como los  causantes de la crisis, llamándolos a hacer más aportaciones y pagos de los que ordinariamente establece la ley, como condición para recibir una atención especial y adicional, con lo cual se incurre en discriminación y trato distintivo para derechohabientes.