El combate al crimen organizado cuenta con dos partidas presupuestales consideradas secretas, para realizar gastos que implican invariablemente riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2016 se gastaron 2 mil 200 millones de pesos más que en 2015, un incremento de 14.9 por ciento.

La mayor proporción de estos recursos está a disposición de la Secretaría de Gobernación. De los 14 mil 765 millones de pesos que en 2016 se destinaron a las partidas de gastos de seguridad pública y nacional y para equipo de seguridad pública y nacional, 12 mil 619 se asignaron a Gobernación, mil 303 a la Marina y 737 millones de pesos a la PGR.

También la Presidencia de la República tiene acceso a esas partidas destinadas a preservar la seguridad y en 2016 gastó 79 millones de pesos en dicho fin, superando los 23 millones que gastó en esos renglones la Sedena.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que esos gastos son destinados a cumplir funciones de carácter estratégico y su ejercicio se sujetará a las disposiciones emitidas por los titulares de las dependencias correspondientes, sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En múltiples cuentas públicas, ya desde 2005, la ASF revisó el ejercicio de estas partidas y en el caso de la correspondiente al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social en 2014, se emitió una observación porque en el reglamento no se definían los conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, así como las actividades que deben considerarse de carácter estratégico, lo cual impedía "asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia".

Hacienda informa trimestralmente al Congreso de "las erogaciones efectuadas por las dependencias en seguridad pública y nacional, cuya realización implica invariablemente riesgo, urgencia o confidencialidad en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, las cuales se identifican en las partidas 33701, gastos de seguridad pública y nacional y 55102, equipo de seguridad pública y nacional".

El último año de la administración anterior se gastaron 7 mil 205 millones de pesos en las partidas confidenciales destinadas a actividades de seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, era la Secretaría de Seguridad Pública la que ejercía mayor proporción de esas partidas secretas con 6 mil millones de pesos.

Para 2013 dichas partidas se redujeron a 4 mil 731 millones de pesos, pero se dispararon a 14 mil 827 millones de pesos para 2014.

Todo este sexenio, Gobernación ha concentrado dicho presupuesto para gastos y equipo de seguridad pública y nacional. En 2014, la PGR llegó a gastar 2 mil 520 millones de pesos en ese fin, cuando en 2016 gastó 737 millones. En 2015, se ejercieron 12 mil 562 millones de pesos.

En anteriores legislaturas, diputados de todos los partidos han presentado iniciativas para desaparecer las partidas secretas y han enfilado sus baterías contra las partidas presupuestales 33701 y 55102. Así lo hicieron, los petistas Jaime Cárdenas y la entonces perredista Susana Monreal, la panista Gabriela Cuevas y la priista Diva Gastelum, sin que hasta el momento se haya modificado la ley.