La cosa no es menor. Nada menor. Es de tal terror la magnitud, que nadie hace nada. Así pasa por lo general en este país llamado México ante los grandes temas de influencia nacional. Es decir, ante el aborto, los matrimonios gays, la desaparición forzada de personas, el hacinamiento y recurrentes motines y barbarie en las cárceles mexicanas, ante el asesinato de periodistas… nadie dice nada. Sólo pronunciamientos y condolencias que son como llamadas a misa (cuando doblan y tañen campanas, usted sabe si va o no hará caso a misa de 12). 

Lo voy a decir de un solo golpe: desde 2012, México fue declarado como el país más peligroso para ejercer el periodismo (“Drogas y poder” Alejandro Encinas Rodríguez. Enero de 2016. Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales AC. Página 72). Todas las asociaciones nacionales (entre ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) e internacionales así lo deletrean. Otro dato importante: “Durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra periodistas han aumentado seriamente, sin que las investigaciones al respecto arrojen resultados concretos ni deslinden responsabilidades” (Ibid. Páginas 72 y 73). 

Lo anterior se da en el contexto aterrador del secuestro y muerte de la reportera de Veracruz, Anabel Flores Salazar (febrero de 2016). De acuerdo con una relación de la propia CNDH, es la vigesimoséptima comunicadora asesinada durante la administración de Peña Nieto. Veracruz es territorio comanche. Literal, se lee en el documento: “(en Veracruz) se cometieron en 2014 más de tres homicidios cada día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios (Anabel es la número 17) contabilizados desde 2005. Es también la tercera Entidad con más secuestros, con 239 casos del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015”.

Al día de hoy, hay tres casos más en el País. Uno de ellos de nuevo en Veracruz. Pero el caso de Anabel Flores, madre de dos pequeños hijos que dejó en orfandad,  llegó a todo el mundo, donde hubo más eco, preocupación e indignación, que aquí mismo. En el diario español “El País”, en su edición del 17 de febrero, la periodista argentina Leila Guerriero, en su espacio editorial, alertaba sobre el juego perverso del gobierno del estado de Veracruz al apresuradamente criminalizar a la comunicadora señalando posibles “nexos con un narcotraficante” local. En este juego de perversidades, los dos diarios en los que había colaborado la reportera igualmente se deslindaron de ella.

Esquina-bajan
Escribe Leila: “la primera reacción de la fiscalía fue señalarla como sospechosa: comunicó que investigaría sus vínculos porque en 2014 fue vista con ‘El pantera’, hombre de posibles nexos con el delito”. En la revista “Proceso”, edición 2050, en una amplia cobertura de cinco páginas, documenta y denuncia una década de ataques contra su equipo de redacción. Y es que en este marco de lamentos e indignación por la muerta de la reportera veracruzana, uno de sus redactores, Álvaro Delgado, al mandar mensajes de solidaridad y al criticar la nula capacidad de respuesta del gobierno de la República, inmediatamente fue víctima de amenazas de muerte. 

Con la muerte de Anabel Flores, ya son 17 periodistas asesinados en la administración del gobernador Javier Duarte Ochoa, incluido el de la corresponsal de la revista en Veracruz, Regina Martínez en abril de 2012. En su Informe de 80 páginas de la CNDH, se lee: “los altos índices de delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito propiciaron la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación… ya sea por acción u omisión, tanto las autoridades encargadas de prevenir el delito como las responsables de investigarlo han fallado en su cometido”.

¿Cuándo reaccionaremos todos juntos como sociedad y levantaremos la voz,  fuerte y macizo, para que esto ya pare? No lo sé. Tal vez nunca. Sigue vivo e impune, a dos meses, el ataque al editor general de VANGUARDIA, Armando Castilla.

Mientras en Brasil y Guatemala salen a la calle para meter al bote a sus políticos corruptos (en Guatemala directamente a su Presidente, Otto Pérez, y a su Vicepresidenta, Roxana Baldetti) en México nadie o pocos protestan. En Brasil se alzó la voz  para detener la inmunidad e impunidad con lo cual se quería premiar al expresidente, Lula da Silva, investigado en la red de corrupción de Petrobras. En fin, el mundo arde y aquí despojan al Tribunal Superior de Justicia lana millonaria (FICREA) y nadie es citado a declarar.
 
Letras minúsculas
El País con Peña Nieto: peor que nunca en libertad de expresión, los números (nombres y apellidos de seres humanos) acusan retadores.