En su columna Lourdes Mendoza menciona que en su pleito con Google, el presidente de Estados Unidos debería contratar al litigante mexicano Ulrich Richter Morales. Ya qué el es el famoso abogado que demandó a Google por daño moral y ganó.

Ulrich Richter “tiene mucha información de temas anticorrupción que pudieran actualizarse de empresas americanas en otros países como... ¡México!”; en efecto, empresas como Google.

Ulrich Richter “cuenta con varias ligas sobre las licitaciones que obtuvo Google, del gobierno de EPN, que podrían alcanzar varios likes y negocios, perdón, líneas de investigación con varias interrogantes”.

Casualmente, “el mismo INAI le dio una adjudicación directa” a Google en la que queda claro el domicilio de esa empresa en México, que por lo demás no es ningún secreto: “una hermosa oficina en la calle de Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec”.

Google, por lo demás, firmó contratos cuantiosos de publicidad digital con el gobierno de México —o con empresas intermediarias, lo que sería bastante peor, ya que la intermediación representaría una evidencia de corrupción—, en efecto, contratos en los que aparece el domicilio en el que según el INAI ningún mexicano puede notificarle nada a Google.

Por lo demás, Lourdes Mendoza pone en el centro de sus sospechas a Alejandra Lagunes, hoy senadora por el Partido Verde, que fue la encargada de la comunicación digital durante la mayor parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

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Sin embargo, no está claro que la senadora haya sido la encargada de comprar la publicidad digital a Google —creo que de esa responsabilidad la tienen los titulares de otras dependencias del gobierno federal—, pero seguro estoy de que una mujer seria, responsable y transparente como Alejandra Lagunes, aunque no esté obligada colaborará absolutamente con Jesús Ramírez en cuanto este le solicite explicaciones acerca de lo que se hizo con Google en el sexenio a punto de concluir.

Para muchos —comparto la tesis—, una empresa como Google representa competencia desleal a los medios mexicanos, digitales o no, grandes y pequeños.

El Estado mexicano, como ha ocurrido en otros países, debería regular la operación de Google, que seguramente ni siquiera paga correctamente impuestos en nuestro país.

La próxima jefa del SAT, la regiomontana Margarita Ríos-Farjat, tendrá que ser muy firme y especialmente muy creativa para obligar a Google a cumplir al mínimo con el fisco mexicano.

La situación es bastante grave porque se ha demostrado —lo ha hecho el abogado Ulrich Richter, citado por la columnista Lourdes Mendoza—, que además de no contribuir en términos tributarios y de representar una competencia desleal para los medios nacionales, Google claramente ha caído en la práctica del conflicto de interés, lo que es clarísimo al haber contratado a una funcionaria (Lina Ornelas) de la institución, el INAI, que en forma totalmente indebida y hasta ilegal ha garantizado impunidad al gigante de internet al concluir que esta enorme empresa global puede ser notificada por ningún mexicano en sus elegantes oficinas de Lomas de Chapultepec.

Con información de EL Financiero y SDP Noticias