El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, fue claro con los funcionarios de la dependencia en el Estado y el País: quien se quiera pasar de listo o quien cometa un error, lo tendrá que asumir y responder por ello.

En entrevista exclusiva con VANGUARDIA, el secretario federal informó que el año pasado la dependencia interpuso 550 denuncias contra servidores de la Sedesol que incurrieron en malas conductas de manejo de los programas sociales.

Señaló que éstas fueron contra quienes hace año y medio se prestaron a cometer alguna duplicidad, o quienes siguieron cobrando a nombre de beneficiarios de la tercera edad que ya habían muerto.

“Nos dimos cuenta y los denunciamos, 550 denuncias pusimos el años pasado que resultaron en 550 inhabilitaciones, aquí que el que cometa un error lo tendrá que asumir y responder”, advirtió Pérez Magaña, “en caso de que alguien se quiera pasar de vivo, el sistema nos lo rebota”.

Cuestionado sobre casos específicos en Coahuila, el titular de la Sedesol dijo no disponer de cifras relacionadas a servidores sancionados en el estado.

“Me agarras fuera de base, no recuerdo cuánto fue el número, pero son números menores, mínimos”, dijo.

En noviembre de 2017, se hizo público que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en su informe 2016 que, pese a de que 8 mil 637 beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores ya habían fallecido, alguien siguió cobrando y otorgándoles el apoyo económico durante ese año, lo que derivó en la entrega indebida de 23 millones 542 mil pesos del erario.

‘Blindan’ programas por época electoral
Respecto al “blindaje” electoral, Pérez Magaña subrayó que a todos los funcionarios de la dependencia se les advierte de las consecuencias administrativas y penales que pudiera tener una mala conducta en el manejo de programas sociales. 

“Ya no son los tiempos de antes, se firma un ‘blindaje’ con la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales), con  la Función Pública, con la PGR (Procuraduría General de la República), con los gobiernos estatales y con los institutos electorales.

“Donde se comprometen a abrir ventanillas de atención a quien quiera poner una denuncia, pero nosotros al interior, desde hace muchos años, capacitamos a todo nuestro equipo para decirle las consecuencias administrativas y penales”, aseguró.