El Senado de Estados Unidos votó de forma mayoritaria (97-1) la eliminación del veto del presidente Barack Obama que evita que familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 puedan demandar al gobierno de Arabia Saudita.

La decisión debe pasar esta tarde a la Cámara de Representantes, donde debe ser aprobada con más de dos tercios. Si el resultado es el mismo, como se espera, será el primer veto de la presidencia de Obama que será levantado por el Congreso.

El único senador que votó contra la medida fue el demócrata de Nevada Harry Reid.

La medida -como se ha demostrado en el Senado- cuenta con un fuerte apoyo bipartidista. Una gran mayoría de congresistas consideran que detrás de los ataques hubo algunos funcionarios saudíes involucrados.

"Esta es una decisión que tomo muy en serio", declaró el senador demócrata de Nueva York Chuck Schumer, uno de los autores de la iniciativa. "Esta ley está cerca de mi corazón como neoyorquino porque va a permitir a las víctimas del 9/11 buscar algunas pequeñas medidas de justicia, ofreciéndoles por fin un camino legal para perseguir patrocinadores extranjeros del ataque terrorista que se les arrancó la vida de sus seres queridos", dijo Schumer.

La Casa Blanca explicó que el motivo por el que decidió no darle el visto bueno a la "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo" es porque pondría en peligro a diplomáticos estadounidenses y militares en el extranjero ya que podrían ser objeto de demandas similares. Además, dañaría las relaciones con un país considerado como socio en Washington.

Ambas cámaras habían apoyado la propuesta a viva voz y enviaron el documento para la firma del presidente poco antes del XV aniversario de los ataques terroristas en Nueva York, Washington y Pennsylvania. Quince de los atacantes de estos atentados eran de origen saudita.

Si finalmente es aprobada la iniciativa, los gobiernos de otros países quedarían sin inmunidad de demandas en Estados Unidos. De esta manera, se permitiría que se presentaran querellas civiles a nivel federal.

Arabia Saudita ha negado cualquier tipo de implicación en el episodio del 9/11 e incluso ha tratado de presionar en Washington para evitar que salga adelante la ley.