El secretario de Educación de Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, señaló ayer que al Gobierno del Estado le “preocupa” la situación por la cual atraviesa el servicio médico de los trabajadores de la educación y por ello se está “ayudando” a la Sección 38 -administradora del servicio- en la atención de la problemática.

“Nosotros estamos preocupados, pero es un problema que no se generó ayer, sino que tiene muchos años y poco a poco se tiene que resolver. El Gobierno está ayudando a la Sección 38 con más subsidio, se hacen más licitaciones con otras instituciones para tener eficiencia en los precios”, ha dicho el funcionario.

Y sin duda hay razones para la preocupación. La principal es que el sistema de seguridad social del magisterio coahuilense -y no solamente el servicio médico- enfrenta la peor crisis de su historia y no se ve cómo podría superarla sin que se realicen cambios drásticos en la forma en la cual ha venido operando hasta ahora.

Tiene razón el secretario Ochoa al señalar que la crisis actual no se gestó ayer, sino que viene incubándose desde hace tiempo. En lo que muy seguramente no tiene razón es en afirmar que, de la misma forma en la cual se gestó, el problema se resolverá “poco a poco”.

La razón de esto último es muy simple: la fórmula de ir resolviendo “poco a poco” forma parte del problema, pues sucesivas administraciones estatales se dedicaron a “administrar” la crisis, ofreciendo remedios temporales con el único propósito de impedir que la bomba les explotara en las manos.

De esta forma, a lo que han jugado los gobiernos coahuilenses de las últimas tres décadas al menos, es a trasladar el problema a sus sucesores, promoviendo reformas legales que ayudan a mitigar los efectos negativos de un esquema que fue mal concebido desde el principio y que ha sido peor administrado a partir de la peor de las decisiones posibles: dejar en manos del magisterio el control y manejo del sistema de seguridad social.

Los signos de la degradación han sido evidentes desde hace mucho tiempo, pero ningún gobierno ha querido asumir la responsabilidad de tomar la principal decisión necesaria para emprender el proceso de saneamiento requerido por el sistema pensionario, de salud y vivienda del magisterio: quitarle el control de éste a la Sección 38 del SNTE.

Porque solamente de esta forma será posible corregir los múltiples vicios con los cuales se ha administrado el sistema y que van desde pagar jubilaciones a personas que no tienen derecho a ellas, hasta utilizar los recursos colectivos para adquirir el patrimonio inmobiliario de los maestros de la Sección 38.

No es solamente la corrupción en su manejo lo que ha conducido a la quiebra al sistema de seguridad social del magisterio local, pero una parte importante del problema radica allí, sin duda alguna. Por ello, además de “preocuparse” por la situación actual, el Gobierno del Estado tendría que ocuparse del fondo del problema y romper la lógica de “pasarse la pelotita” con el cual se ha actuado hasta ahora.