“Vivimos la civilización de lo ligero”, afirma el filósofo francés Gilles Lipovetsky en su más reciente libro: “De la ligereza” (Anagrama, 2016), característica que identifica como “dominante en el espíritu de nuestra época”.

Y ese marco referencial viene a cuento a propósito de dos posicionamientos expresados en el transcurso de una semana, sobre un mismo hecho, por políticos coahuilenses teóricamente distintos entre sí, y en los extremos del espectro ideológico.

El periódico El Norte publicó el 12 de septiembre que Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, “recriminó a los medios de comunicación” de la entidad –así, en general– “haber callado la masacre de Allende ocurrida en marzo de 2011”, y “reclamó quieran mantener vivo el tema” ahora que aquel Municipio “tiene más de dos años sin homicidios”.

“La gente de Allende me pregunta: oiga, ¿por qué cuando teníamos la violencia ningún medio lo decía y ahora que estamos en paz y creciendo, le dicen al mundo que aquí es un lugar violento?”, cuestionó.

El planteamiento del Mandatario trata de situaciones distintas en su génesis y consecuencias.

En el Estado, no existían en 2011 condiciones para el ejercicio libre y profesional del periodismo porque su Gobierno, encabezado por el hoy prófugo de la justicia estadounidense, Jorge Torres, no las garantizaba.

Al respecto la organización internacional Article 19 difundió en 2012 el estudio “Silencio forzado: el Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México” donde ubicó a Coahuila en tercer lugar nacional en agresiones a periodistas y medios de comunicación, con base en acontecimientos de 2011, sólo por debajo de Veracruz y Ciudad de México.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual presentado en 2011, aseveró que “en algunos estados como Coahuila es posible hablar de comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad”.

¿Qué hizo ante esto Gobierno del Estado en su día?

Y ahí no concluyó su responsabilidad. A la fecha existe una omisión en la entidad que no ha sido resarcida: la instalación y funcionamiento de la “Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Coahuila”, cuya creación ordena la “Ley para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas”, vigente desde el 19 de julio de 2014 y que acumula 26 meses de no aplicarse.

El Mandatario estatal, por el contrario, en su declaración a El Norte trató de dibujar un hipotético medio de comunicación convenenciero, acobardado y tendencioso, que fuese uno y todos a la vez, utilizando a “la gente de Allende” como figura retórica. Por lo demás, hay que ser muy cándido para inferir siquiera que la culpa de un problema es de los periodistas por quitar o poner los reflectores en un asunto.

Ahora bien, ¿por qué no “deberíamos” (ese “deber ser”, tan peligroso como autoritario) hablar en 2016 de Allende y sí recordar otros eventos históricos más lejanos en el tiempo?

Particularmente cuando sucesos actuales reactivan el caso, como el informe de los neoyorquinos Open Society Justice Initiative, denominado “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, publicado apenas el 2 de junio; o la denuncia presentada por Armando Guadiana el 13 de julio en la Corte Penal Internacional, con sede en Holanda; o lo ventilado en San Antonio durante la primera quincena de julio, a propósito de los juicios que allá se siguen por delitos cometidos en Coahuila.

Tres informaciones de repercusión internacional en pleno verano de 2016. Cómo evitarlas. Cómo no tomarlas en cuenta. Se ha dicho aquí anteriormente: el búmeran siempre regresa, por más que intenten aventarlo lejos para deshacerse de él.

Cortita y al pie
Con esa misma ligereza que describe Lipovetsky, la semana pasada el político lagunero Guillermo Anaya declaró a El Siglo de Torreón que a él “tocó estar en Allende cuando desaparecieron a más de 300 familias” (07/09/16).

“Me tocó todo eso”, recalcó sin profundizar, como si lo dicho no tuviese consecuencias. 

De ser así realmente, por qué “se quedó de brazos cruzados”, oportunamente cuestionó VANGUARDIA (08/09/16). Y como textualmente mencionó “familias”, no personas, supone al menos mil desaparecidos en ese Municipio solamente, cifra a todas luces fuera de lugar.

Puede tratarse de un gazapo, sin lugar a dudas, pero abordar un tema tan delicado y vergonzante con esa miniaturización y frivolidad no deja buen sabor de boca.

La última y nos vamos
Tan semejantes entre sí, tan ligeros, independientemente que uno sea priísta y el otro panista. Que uno haya ganado y el otro perdido la misma gubernatura. Que uno sea funcionario y el otro se haya quedado sin cargo público en 2015, luego de 18 años ininterrumpidos brincando y ocupando posiciones. Que uno ejerza el poder oficialista y el otro aparente ser oposición.    

@luiscarlosplata