WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos defendió ante un tribunal de apelaciones la validez del polémico decreto que veta el ingreso de refugiados e migrantes a EU, por ser “ejercicio legal” de la autoridad del presidente Donald Trump.

En un documento de 15 páginas el Departamento de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, que mantenga la validez del decreto, y apuntó que el bloqueo a las medidas previstas en el decreto es “enormemente amplio”.

Los tres jueces de la Corte de Apelaciones informaron posteriormente que las partes involucradas en el caso (el gobierno federal y el presidente Trump de un lado, y el Estado de Washington del otro) tendrán una audiencia telefónica el martes para presentar argumentos orales.

En esa audiencia “cada parte tendrá 30 minutos de tiempo para presentar argumentos”, informó esa Corte.

Estará presidida por un panel de tres jueces y empezará a las 15:00 hora local de California.

En el documento presentado ayer lunes ante el tribunal, el gobierno afirmó que “la Orden Ejecutiva [decreto] es un ejercicio legal de la autoridad del Presidente sobre la entrada de extranjeros a Estados Unidos y su admisión como refugiados”.

Por ello, apuntaron los abogados del gobierno, el tribunal se equivocó al imponer una decisión que bloqueó la aplicación del decreto. “Pero aún si alguna opción de alivio era apropiada, el bloqueo generalizado por parte de la corte fue enormemente amplio”, añadieron.

El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana.

La decisión desató una oleada de indignación en todo el país hasta que un juez federal acató un pedido y suspendió la aplicación de las medidas previstas en el decreto de Trump. 

En contexto

El caso ha acabado en esta Corte después de que un juez federal de Seattle, James Robart, lo dejara en suspenso el viernes como medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota.

La suspensión no aborda el fondo del asunto, sino que se basa en la conveniencia de detener la orden ejecutiva mientras se resuelve el caso en los tribunales.

Con información de El País/Milenio