En la semana que hoy concluye se terminó de configurar un hecho sui géneris, por llamarlo de alguna manera: Isidro López, exalcalde panista de Saltillo, terminará pagando una eventual reelección de Manolo Jiménez, alcalde priista de la capital. 

Me explico. Antes de que Javier Corral pusiera en la picota el tema de los recursos retenidos por la Federación al Gobierno de Chihuahua, el exedil saltillense reclamó a la administración estatal, el 30 de noviembre de 2017, un faltante millonario en “participaciones” no entregadas, que no es otra cosa más que un fondo que recibe el Estado proveniente del Gobierno Federal y se distribuye a partir de una fórmula que privilegia el número de habitantes, como consta en la Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios de Coahuila.

Para responder al señalamiento la administración estatal publicó el mismo día un comunicado de prensa sugerentemente titulado: “Es falso que el Gobierno del Estado tenga adeudos con el Ayuntamiento de Saltillo”. Entonces Ismael Ramos, secretario de Finanzas, afirmó que se trataba de “una posición netamente política del edil saltillense” pues “no hay forma como se les puedan otorgar menos participaciones”. Criticó que como trasfondo político Isidro López pretendiese “poner una tacha a la administración de Rubén Moreira” y cuestionó que, si tenía “todo el año para reclamar”, lo haya hecho el último día de su gestión.

Sin embargo, el 20 de diciembre, un día después de que Isidro López se separara del cargo, el gobernador Miguel Riquelme admitió la deuda con el Municipio, tasándola en 68 millones de pesos. Y aquí viene lo interesante: dos días después de que Manolo Jiménez presentó su solicitud como precandidato para reelegirse, el pasado 1 de febrero, el titular actual de Finanzas, Blas Flores Dávila, avisó que se liquidará en este mes dicho adeudo, el cual ronda los 60 millones de pesos.

Dicho en otras palabras: el dinero que no recibió Isidro y que correspondía por ley a su cuatrienio se lo entregarán a Manolo en plena precampaña –cuando más lo necesita para apuntalar su reelección– pese a que no le pertenece. Y lo mejor de todo para su causa: ni existe desvío de recursos pues hay una laguna en el ordenamiento citado líneas arriba, ni queda claro cómo se fiscalizarán ya que correspondían a un periodo en específico pero serán entregados en otro tiempo y a otra administración. 

Por lo demás, hay municipios donde las próximas elecciones de Ayuntamientos no serán un ejercicio ciudadano entre iguales sino un juego de poder económico. En Saltillo, el caso paradigmático, su Alcalde dispone de un presupuesto estimado para 2018 de 2 mil 320 millones de pesos. Un atentado contra la democracia por lo que hace a las condiciones de inequidad en que llegan los aspirantes respecto al que busca repetir.

Y en las reglas fijadas por el Instituto Electoral de Coahuila el 24 de diciembre (probablemente el día del año en que menos atención hay hacia los asuntos públicos), éste se colocó a sí mismo en posición de espectador, no como árbitro.

A través del acuerdo IEC/CG/234/2017 estableció los “Lineamientos que regulan a los presidentes municipales que no se separen de su cargo y busquen ser reelectos en el proceso electoral 2017-2018”, que se resumen a cuatro puntos genéricos y reiterativos: 1) “No podrán realizar actos de precampaña y campaña en días y horas laborables”. 2) “No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos del Ayuntamiento”. 3) “No podrán disponer del personal que se encuentre dado de alta en la nómina del Ayuntamiento” (lo cual es repetitivo con el lineamiento anterior), y 4) “Deberán observar lo dispuesto en la Constitución” (o sea cualquier cosa; una llamada a misa). Una burla. 

CORTITA Y AL PIE
Por si fuera poco, la acción de inconstitucionalidad 83/2017 de la Suprema Corte de Justicia establece que “no se considera desvío de recursos públicos para el beneficio electoral de su candidatura, el uso del personal, vehículos, equipos y demás elementos de seguridad necesarios que estén designados para la protección de funcionarios públicos que estén en el supuesto de la reelección”.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Repito las preguntas planteadas en este mismo espacio el 10 de diciembre: ¿tendrá capacidad la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, autoridad única en la materia, para verificar eficazmente cada peso gastado por un presidente municipal que al mismo tiempo es candidato en campaña?, ¿cómo lo hará si debe fiscalizar simultáneamente 30 campañas locales, las de diputados federales y senadores, además de la elección presidencial?

No encontrará una elección en la historia contemporánea de Coahuila donde un candidato parta con más ventaja que Manolo Jiménez en 2018, el único beneficiado del sainete que acabo de relatar. 

El piso está parejo, sí, pero a él le pusieron zancos.

@luiscarlosplata